Luis Galeano
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Los contralores colegiados denegaron ayer una solicitud de exclusión de procedimientos del ministro de Transporte e Infraestructura (MTI), Pablo Fernando Martínez, para contratar más de 22 millones de córdobas en consultorías de proyectos para la construcción de varios proyectos, entre ellos la carretera costanera, indicó el presidente del ente fiscalizador Guillermo Argüello Poessy.

Indicó que la negativa se dio porque Martínez nunca informó la partida específica que se tomarían los fondos para pagar las consultorías, que eran para llevar adelante al menos 10 proyectos de interés para el pueblo.

“Siempre nos respondió que saldrían del Tesoro Nacional, pero no supimos de qué partida específica y por eso se lo negamos”, dijo el colegiado.

Asimismo, indicó que ayer aprobaron dos exclusiones de procedimientos, una a favor de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Entresa) y otra del Instituto de Turismo (Intur).

Explicó el colegiado que en el caso de Enatrel, se trató de una petición de contratar sin licitación un poco más de dos millones de córdobas para adquirir malla ciclón, y poder proteger una de las subestaciones del país, a la cual se han llegado a afincar vecinos del lugar y que han tenido que ser desalojados hasta con órdenes judiciales.

“Se trata de un bien del Estado que hay que proteger y no podíamos decir que no”, indicó Argüello Poessy.

Al hablar de la aprobación del Intur, dijo que se trata de la contratación de agencias de El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos para promover el interés turístico de Nicaragua.

“En el caso de los dos países centroamericanos, son 20 mil dólares cada uno, y por Estados Unidos, 40 mil dólares. No se puede celebrar licitación porque se trata de otros países”, dijo el titular de de la CGR.

Nicaragua pedirá auditar CCJ

El contralor Guillermo Argüello Poessy informó que el vicepresidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, viajará a El Salvador a una conferencia regional y que aprovechará la ocasión para pedir que se realice una auditoría conjunta a las cuentas de ingresos y egresos de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

“La idea es conocer el manejo de los fondos de ese organismo regional, porque en la actualidad se está auditando el Parlamento Centroamericano en Guatemala, y nos parece que es momento oportuno para entrarle a la Corte Centroamericana, cuya sede está en nuestro país, pero vamos a ver qué dicen los demás países”, señaló el colegiado.