Luis Alemán
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Al amparo de sus cargos, funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega estarían regresando propiedades a sus antiguos dueños, quienes a su vez las venden a otros finqueros, generando un fuerte negocio con los bienes que perdieron por deudas que nunca pagaron a los bancos y que pasaron a manos del Estado.

Los principales afectados por estos negocios son desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, a quienes los funcionarios gubernamentales despojan de sus propiedades para regresarlas a sus antiguos dueños, según lo denunció Carlos Barcia, Secretario de Asuntos Agrarios del Partido de la Resistencia Nicaragüense.

El caso más emblemático, según Barcia, es la finca Santa Rita, en la comunidad Liberia de la comarca Cuicuinita, jurisdicción de Siuna, donde 16 desmovilizados fueron desalojados a la fuerza y sus casas quemadas. La propiedad quedó en manos de directivos de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de Mulukukú, quienes están lotificando la finca y vendiéndola a otros finqueros de la zona y entregando parcelas por favores políticos.

“Hay casos en Río Blanco, en San Francisco de Gamalote, en La Libertad, Chontales, y en El Rama”, aseguró Barcia, quien lamentó que en materia de propiedad, el gobierno ha “torcido el derecho” convirtiendo el problema de tierras en un tema estrictamente político, donde los afectados son principalmente desmovilizados de lo que fue la contrarrevolución.

Para el directivo del Partido de la Resistencia, estas maniobras del gobierno en el tema de la propiedad “se están generalizando en el campo”, lo que podría generar “una reacción peligrosa”.

Recordó que los desmovilizados de la ex Contra, son seres humanos, y “que le quiten la tierra a la gente que el mismo Estado les dio, es sumamente peligroso”, advirtió.

Engañan y confunden

Uno de los casos enumerados por Barcia es el de doña Petronila Zeledón Vargas, quien junto a su marido, hijos y otros desmovilizados de la ex Contra, fueron beneficiados con la asignación de la finca Palos Verdes, ubicada en la comarca San Francisco de Gamalote, jurisdicción de La Libertad, Chontales.

Una resolución firmada por la Intendente de la Propiedad, Yara Pérez, revocó la asignación. La misma obligó a doña Petronila a entregar la propiedad al antiguo dueño, quien la había perdido por una deuda con un banco. A cambio, Pérez le prometió que le permutaría otra propiedad, la que supuestamente está en excelentes condiciones y hasta con una cascada.

La promesa de Pérez fue una farsa. La finca prometida por la funcionaria no tiene agua y no es apta ni para el cultivo ni para el ganado, y está ubicada en la comarca Los Chinamos, muy cerca de El Ayote.

“Nos engañaron”, reaccionó doña Petronila, quien actualmente vive posando en las calles de Juigalpa junto a sus dos hijos, sobrevivientes de una masacre en la que productores y matones de Juigalpa asesinaron a su esposo y a uno de sus vástagos para arrebatarles la propiedad.

Edelmira Acevedo, abogada que lleva varios casos de los desmovilizados de la ex Resistencia en Juigalpa, criticó a los funcionarios de la Intendencia de la Propiedad y de la Procuraduría General de la República, por su inclinación a favor de los antiguos dueños de las propiedades.

El caso de El Castillo

El Castillo es una finca de 640 manzanas ubicada en la comarca El Toro, jurisdicción de El Rama. La propiedad perteneció al productor Teodoro González Aráuz, pero la perdió por una deuda con un banco. La finca fue asignada a miembros de la ex Resistencia Nicaragüense el 12 de noviembre de 2001.

González Aráuz, en contubernio con miembros de la Policía de El Rama, logró desalojar a la fuerza a 20 familias de los desmovilizados, y ahora, según Barcia, se ha dedicado a vender lotes de 20, 30, 40 y hasta 80 manzanas a finqueros de la zona.

El directivo del Partido de la Resistencia Nicaragüense aseguró que un funcionario de la Intendencia de la Propiedad identificado como Ciro, reconoció el título que poseían los desmovilizados; el mismo estaba avalado por la Intendencia, pero al final los beneficiados fueron desalojados.

“Descubrimos que los finqueros que están recuperando sus propiedades tienen el aval de funcionarios del gobierno de Ortega, y hasta venden las propiedades que el banco les intervino y que pasaron a ser propiedad del Estado de Nicaragua”, señaló.

Confían en Comisión de Paz

A pesar de las irregularidades que afectan a los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, Barcia dijo tener confianza en el trabajo que realiza la Comisión de Paz y Reconciliación, a cargo del cardenal Miguel Obando.

“No queremos que nuestra generación se vea nuevamente involucrada en actos de violencia”, aseguró el directivo de la Resistencia, quien urgió una respuesta rápida y efectiva a todos los problemas de propiedad que enfrentan sus afiliados.