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El mayor progreso en los compromisos de salud y derechos sexuales y reproductivos que ha tenido Nicaragua en los últimos cuatro años se dan en materia de servicios con 73% de cumplimiento, atención especializada a las víctimas de violencia de género, con 70%, y en relación al VIH/sida, con 68%, revela el monitoreo “Mira que te miro”.

Sin embargo, Nicaragua se encuentra en general entre los últimos cinco países de América Latina en cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo, acordados en agosto del 2013 por los estados que forman parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

El monitoreo social, con resultados para cada país en América Latina, muestra los avances en el cumplimiento de compromisos asumidos en cuatro indicadores principales: derechos humanos y laicidad, educación integral en sexualidad, rendición de cuentas y acceso universal a la salud sexual y reproductiva. 

Dentro de esos cuatro grupos se miden los avances en temas más específicos como servicios de salud sexual y reproductiva, VIH/sida y atención especializada a víctimas de violencia de género, así como los desafíos pendientes en aborto, rendición de cuentas y prevención de mortalidad materna.

En cuanto a derechos humanos y laicidad, Nicaragua muestra un avance de 65% en educación integral, en sexualidad un 48%, en rendición de cuentas un 26% y en acceso universal a la salud sexual y reproductiva un 52%. 

Si bien el 51% de cumplimiento global parece bajo, para una primera medición debe recordarse que este monitoreo social evalúa el marco legal, político y programático y no mide la implementación de los mismos.

El estudio evalúa el avance en las áreas mencionadas en 18 países de la región. En los primeros lugares se encuentra Uruguay, con un 79% de cumplimiento de los compromisos asumidos, Brasil (76%), Costa Rica y Argentina (71%) y México (69%). Nicaragua se encuentra en la posición 17, solo superando a Honduras que se ubica en último lugar. 

El acuerdo de Montevideo

En agosto de 2013, los países miembros de la Cepal reunidos en Montevideo, Uruguay, celebraron la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. En el encuentro acordaron lo que se llamó Consenso de Montevideo (CDM). 

Entre los compromisos asumidos destacan el implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural y que garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces. 

Dichos compromisos fueron asumidos “respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual”.

“Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza”, según el documento Consenso de Montevideo.

Pedro León Pérez, gerente de programa de Plan Internacional Nicaragua, explica que el objetivo de esta iniciativa “es que permita fortalecer las capacidades de incidencia de organizaciones de la sociedad civil para mejorar los marcos existentes que permita crear y fortalecer espacios de diálogo con el Gobierno”. 

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“El promedio de la región de América Latina es superior al 60%, nosotros tenemos un 51% de avance, por eso hay una brechas que podemos mejorar pero hay avances significativos”, explica. 

¿Cómo se obtiene los datos?

Durante el año 2016, los socios regionales, en colaboración con un grupo de expertos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, desarrollaron las herramientas de monitoreo social que se dividió en dos fases: trabajo de escritorio en colaboración con dos facultades de derecho de Argentina y trabajo de monitoreo implementado por organizaciones de la sociedad civil en los países participantes.En cuanto a derechos humanos y laicidad, Nicaragua muestra un avance de 65% en educación integral. Orlando Valenzuela/END

En Nicaragua las organizaciones Sí Mujer, ICW y Plan Internacional fueron las encargadas de validar los datos con otras organizaciones, datos oficiales y la revisión de leyes nacionales existentes. Todo ese proceso duró más de dos años y los resultados para Nicaragua fueron presentados ayer. 

María de Jesús Tenorio, directora del área de Educación, Investigación y Acción Política, de Sí Mujer, comentó que en Nicaragua hay un marco jurídico satisfactorio en algunos temas que incluye el Consenso de Montevideo, “pero en Nicaragua hacen falta planes, programas y campañas que respondan a determinadas problemáticas que se presentan”.