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Los conflictos por la propiedad dejaron este año una estela de muerte, sangre y persecución entre centenares de desmovilizados, principalmente de la ex Resistencia nicaragüense.

El caso más sonado durante este año fue el crimen de José Inés López Martínez y su hijo, Inés Darío López Zeledón, a manos del productor y empresario juigalpino Luis José Centeno Gutiérrez, quien reclama la finca que López Martínez recibió de manos de la Intendencia de la Propiedad como parte de los acuerdos gubernamentales.

Estadísticas en manos de la Unión de Cooperativas Agrícolas del municipio de El Rama, señalan que en ese territorio han muerto 17 socios demandantes de tierras a manos de los productores o matones mandados por éstos. En los municipios de Matagalpa, Río Blanco, Muy Muy y Siuna, esa cantidad es similar.

Tras el desarme de la Resistencia Nicaragüense en los 90, los gobiernos de entonces firmaron con los desmovilizados acuerdos en los que se comprometían a entregar tierras y otros beneficios a cada uno de los desmovilizados como parte de su desarme.

El gobierno utilizó millones de córdobas por la compra de cientos de propiedades que serían utilizadas en cumplimiento de esos compromisos a través del Programa de Atención a los Desmovilizados, pero muchas de esas tierras nunca fueron entregadas a sus verdaderos beneficiarios.

Las tierras que compró el Estado fueron fincas ejecutadas judicialmente por los bancos a sus dueños por incumplimiento de pagos.

Tres características
Un diagnóstico sobre el conflicto de la propiedad en el centro del país elaborado por la Intendencia de la Propiedad concluye que este problema se basa en tres características principales.

La propiedades en conflictos fueron en su mayoría ejecutadas judicialmente por los Bancos y pasaron a la administración del Banco Central de Nicaragua; los propietarios de las fincas las disputan con la base de la ex Resistencia Nicaragüense, quienes en algunos casos se encuentran en posesión de la tierra y muchas de estas propiedades regresaron a sus antiguos dueños mediante la falsificación de documentos.

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el problema de la propiedad está marcado por la existencia de una verdadera red de mafiosos integrada por abogados, funcionarios gubernamentales y productores que trafican con las tierras implantando un verdadero clima de horror entre los demandantes.

Justino González, líder de la ex Resistencia Nicaragüense, coincide con el Cenidh en la existencia de una red que hizo negocios con la tierra. “El ex dueño de la tierra entregó plata al funcionario para que éste regresara la propiedad con títulos agrarios a nombre del antiguo dueño”, señala González.

Una denuncia que desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense presentaron en julio del año 2004 al entonces Procurador General de la República Víctor Manuel Talavera, señala que de 520 propiedades que el gobierno de entonces, compró en más de 200 millones de córdobas para resolver el problema de los desmovilizados, “sólo el 5 por ciento de ellas fueron tituladas a legítimos desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, el resto fueron titulados a los ex dueños que las perdieron con los distintos Bancos por hipotecas y a personas ajenas a los desmovilizados”.

Según el líder de los desmovilizados, “el gobierno siempre ha favorecido a través de las autoridades a los ex propietarios, nos han dado títulos agrarios, pero nunca hemos tomado posesión de la tierra”, asegura.

Propiedades con tres títulos
En un reportaje que EL NUEVO DIARIO publicó sobre el tema de la propiedad en el municipio de El Rama, Denis Báez, delegado de la Procuraduría General de la República en ese municipio, asegura que el problema de la propiedad “es realmente conflictivo” y detalló que en la zona existen propiedades que tienen hasta tres títulos, grupos de desmovilizados con dos asignaciones y productores que perdieron sus propiedades con el banco, pero tienen títulos de las mismas tierras”.

Además de la denuncia de julio de 2004, en la Procuraduría General de la República existen dos denuncias más, una en mayo de 2006, y otra en agosto del mismo año, en la que los desmovilizados de la ex Resistencia insisten en los señalamientos de actos de corrupción de funcionarios del Estados que se coludieron con los ex propietarios de las tierras para regresárselas.

“Hay propiedades que fueron compradas y que siguen en manos de sus antiguos dueños”, dice González, pero que la Intendencia de la Propiedad se niega a titular a nombre de los desmovilizados a pesar de haber sido adquiridas dentro del proyecto especial para desmovilizados “con nombre y apellido, Resistencia Nicaragüense, no dice ex propietarios ni demandantes tradicionales”, asegura.

“Hay fincas que se compraron con una extensión, pero cuando fueron tituladas tenían menos cantidad de manzanas con los mismos linderos y los mismos asientos registrales. ¿Qué hicieron el resto de manzanas, en manos de quiénes quedaron?”, se pregunta González, para quién la Intendencia de la Propiedad debe aclarar esas irregularidades.

“Se usaron fondos que eran del pueblo nicaragüense para la compra de propiedades que al final terminaron en manos de sus antiguos dueños, que las perdieron por no pagar sus compromisos con los bancos”, señaló.

Algunos ejemplos
Un ejemplo de esas irregularidades es la finca La Potranca, ubicada en la comarca Pawitas, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa. A pesar de que la finca tiene 825 manzanas, la misma fue titulada a personas ajenas a la ex Resistencia Nicaragüense, pero con sólo 225 manzanas. ¿Qué se hicieron las 600 manzanas restantes?, se preguntó Justino González.

Eso es sólo un ejemplo. La finca El Abandono, ubicada en la comarca Banderita, Río Blanco, Matagalpa, con un área de 600 manzanas, fue titulada a nombre de miembros de la ex Resistencia Nicaragüense, pero sólo con 300 manzanas. Actualmente está en manos de su antiguo dueño, Mercedes Reyes Oporta, quien la perdió con el banco. ¿Y las 300 manzanas restantes, en manos de quién están?
“Eso es lo que yo denuncio”, asegura González, para quien la Procuraduría General de la República debe hacer una investigación a fondo para dejar claro quiénes son los que traficaron con las propiedades.

“A nosotros los de la Resistencia nos acusan de toma tierras, nos mataron, nos persiguieron, nos hirieron y guardamos cárcel, pero nunca estuvimos en posesión de las tierras”, afirma González. “Son otros los que traficaron con las propiedades, y eso debe aclararse”, afirmó.

La finca La Sirena, Río Blanco departamento de Matagalpa, tiene una extensión de 400 manzanas, y fue titulada a personas ajenas a la ex Resistencia Nicaragüense, pero nunca la tuvieron en posesión. Actualmente está en manos de su antiguo dueño, Cándido Garzón Delgadillo.

“Lo que queremos es que se diga quién regresó las tierras a sus antiguos dueños, quién fue el mayor traficante de tierras y por qué esas propiedades nunca llegaron a manos de la Resistencia”, sentenció Justino González.