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Los 6,654 profesionales de Derecho que aún no se han inscrito en el “Sistema de Gestiones Electrónicas de Abogados y Notarios Públicos”, tendrán hasta el próximo 28 de febrero como fecha límite para poder registrarse, informó ayer la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mediante la lectura de un comunicado, Roberto Larios, director de Comunicación de la CSJ, explicó que la medida de prorrogar el periodo de inscripción fue tomada en “atención a múltiples solicitudes verbales de las y los profesionales del Derecho, que por una u otra razón no han podido completar el trámite de presentación en línea de sus Índices de Protocolo, tal y como lo establece el Acuerdo 105 del 22 de febrero de 2017, creador del Sistema de Gestiones Electrónicas de Abogados y Notarios Públicos”, dijo.

Cifra de inscritos 

El vocero del Poder Judicial destacó que en el país existen 16,520 abogados autorizados por la CSJ, de este total 9,866 se habían inscrito en sistema hasta el mediodía del jueves. No obstante, aún existen muchos juristas que no están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías.

“La ampliación del plazo para la presentación de los índices, asegurará garantizar los objetivos de la creación del Sistema de Gestiones Electrónicas, que son fortalecer la seguridad jurídica de la ciudadanía, facilitar el acceso a los servicios judiciales, elimina los engorrosos procedimientos escritos, acortar las distancias, ahorrar tiempo y dinero a los litigantes”, afirmó Larios.

Finalmente el Poder Judicial señaló que hasta expirar la prórroga para las inscripciones estarán disponibles en el sitio web de la Corte videos tutoriales, manuales de procedimientos y correos electrónicos para realizar el proceso de inscripción en línea, pero también los abogados que por alguna razón no puedan hacer uso de los servicios en línea, podrán seguir presentando en físico sus índices en las instalaciones de la Corte, en donde personal les ayudarán y capacitarán para ingresarlos de manera electrónica.

De igual manera la Corte ha decidido mantener la suspensión de la presentación quincenal de los índices de protocolo ante los Registros Públicos del país por parte de los notarios, tal como se contempla en la Ley del Notariado.