Edgard Barberena
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Los 11 concejales sandinistas ratificaron anoche, en el Concejo de Managua, una extralimitación del alcalde Alexis Argüello, quien mediante un reparo, mandó a cobrar a los seis bancos comerciales que operan en el país, la suma de 98 millones de córdobas en concepto de impuestos municipales.

La oposición liberal hizo todo lo posible para que la bancada mayoritaria no rechazara los recursos de apelación interpuestos por el BAC, BDF, Citi-Bank, Banpro, Finarca y Bancentro, pero la suerte estaba echada y la orden era aprobar la decisión de Argüello.

Los siete recursos que fueron sometidos a votación uno por uno, registraron antes de las 7 de la noche, 11 votos a favor (la bancada orteguista), 3 en contra del PLC y 3 abstenciones de la bancada antifraude.

Aunque ningún concejal sandinista se metió a debatir a profundidad la decisión de Argüello, el único de la oposición liberal que argumentó legalmente la medida fue Leonel Téller, de la bancada del PLC, quien dijo que la medida es “ilegal, arbitraria e inconstitucional” sobre el cobro de impuestos a las instituciones bancarias.

Razones del cobro

Argüello le está cobrando impuestos a los bancos por construcción, uso de cunetas, rótulos, matrículas, Impuesto de Bienes Inmuebles y Rodamiento, entre otros.

Téller dijo que Arguello, mediante una resolución administrativa sobre el pago del impuesto municipal sobre ingresos, contraviene la “Ley 561: Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros” en el Título I y II, Capítulo Único y Capítulo I, Artos. 1 y 2.

Expuso que las instituciones financieras están exentas del pago del Impuesto Municipal sobre Ingreso (IMI) por la naturaleza del tipo de servicios que brindan al público, operaciones de intermediación financiera y prestación de otros servicios financieros con recursos provenientes del público, los que con base al arto. 17 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, están “exentos del pago del IMI”.

Extralimitación de funciones

“El PLC considera que el alcalde Alexis Arguello se está extralimitando en sus atribuciones y funciones, violando los artos. 130 y 183 de la Constitución Política, ya que pretende, mediante una errónea interpretación de la ley, cobrar impuestos que de manera expresa están exentos en la Ley de Equidad Fiscal y otras”, dijo Téller en el pleno del Concejo de Managua.

Recordó que la Constitución Política establece en el artículo 138, numeral 2, que “son atribuciones de la Asamblea Nacional: (…) la interpretación auténtica de la ley”, ninguna otra autoridad en el país puede interpretar la ley, ya que hacerlo significa violar la Constitución Política.

El principio de la Autonomía Municipal no se puede interpretar como independencia total del municipio, desligado del resto del país y de las leyes generales de la nación. La Autonomía Municipal es para fortalecer el ámbito funcional y administrativo del municipio al amparo del régimen legal, que garantiza los derechos de los ciudadanos ante la misma autoridad municipal y para garantizar la armonía entre todos los municipios en beneficio del orden general del país, dijo Téller.

Indicó que las resoluciones que Argüello envió a cada una de las instituciones financieras no fueron debidamente fundamentadas ni sustentan los montos que les manda a cobrar a cada banco.

Esos montos son: Banco de América Central (BAC) C$19,605,376.84; Banco de la Producción (Banpro) C$39,589,834.46; Financiera Arrendadora Centroamericana (Finarca) C$1,011,520.18; Banco de Finanzas (BDF) C$17,936,525,78; Citibank de Nicaragua (Banco Uno) C$8,068,685.54, y Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro) C$12,617,204.18.

Dijo Téller que Arguello violó el artículo 26, inciso 24, de la Constitución Política, que regula el derecho del ciudadano a conocer toda la información que sea registrada por las autoridades estatales, y el artículo 34 de la misma Ley Fundamental, en cuanto al derecho del mismo proceso.

Recordó que la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, publicada en La Gaceta Número 106 del 6 de junio de 1997, mediante el artículo 17, reformó el impuesto sobre el ingreso, contenido tanto en el Plan de Arbitrios Municipal como en el Plan de Arbitrios de Managua. En dicha reforma se incorporó a los planes de arbitrios que los servicios financieros están exentos del pago de impuestos municipales sobre los ingresos.

El artículo 17 de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, taxativamente establece que a partir de la entrada en vigencia de esa ley, se excepcionan del pago de impuesto municipal sobre los ingresos, a los servicios financieros a que se refiere el artículo 14 de la Ley del Impuesto General Agregado.

Señaló Téller que el único que “puede legislar es la Asamblea Nacional, nosotros en este Concejo no podemos legislar”, aunque minutos después, el Secretario del Concejo, Enrique Armas, pretendió minimizarlo al decir que a Téller lo “embarcaron” los abogados de su partido, y que supuestamente el concejal opositor había caído en un error.

La argumentación de Téller ante el plenario fue estrictamente con las leyes en la mano. Hay que recordar que él ya fue diputado en un período constitucional, por lo que cuenta con experiencia en debates. Los argumentos de Téller también fueron respaldados por su compañero de bancada Jimi Blandón, quien dijo que si querían cobrarle impuestos a los bancos, “hubiéramos hecho un proyecto de ley y se lo hubiéramos llevados a los diputados de la Asamblea Nacional”.

Reacción del orteguismo

Como la exposición de Téller fue contundente y sin incluir “coletillas” de orden político, el secretario del Concejo, Enrique Armas, propuso que se sometiera a votación y que el director jurídico de la comuna, el ex alcalde de San Marcos, Salvador García, hiciera una exposición técnica.

El jurídico de la comuna, en su exposición puso como un precedente el pago de 98 millones de córdobas que durante la administración de Nicho Marenco se le hizo a las empresas petroleras.

“Éstas son las leyes que siempre se han venido aplicando, y generalmente nosotros hemos tenido que aplicar en nuestros municipios la misma ley que estamos aplicando ahora, con la diferencia de que el Plan de Arbitrios para Managua es un plan de una ley especial”, añadió el funcionario municipal.

Dijo que el Plan de Arbitrios de Managua “nos faculta a nosotros a ir a fiscalizar a quien sea, y en ese sentido, el decreto 1091, en el artículo 1, establece cuáles son los impuestos que deben cobrarse”, al tiempo que señaló que las prestaciones en dinero deben pagar impuestos municipales, y esto es de estricto cumplimiento a todas las personas naturales y jurídicas.