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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua emitió un comunicado en el cual fundamenta la facultad de los tribunales de apelaciones para tramitar procesos disciplinarios contra los abogados y notarios, y sostuvo que la medida no representa una nueva disposición para procesar las quejas contra los profesionales del derecho y funcionarios judiciales.

De acuerdo con el comunicado, los procesos contra los abogados pueden ser conocidos y juzgados tanto por las Salas Penales (y de lo criminal) como por los Tribunales de Apelaciones.

“Simplemente modifica la estructura organizativa interna de la Inspectoría judicial para agilizar y resolver con prontitud las quejas que presenten los usuarios”, señala el comunicado.

En un comunicado dividido en seis puntos, la CSJ afirma que la medida "unifica los procedimientos establecidos en diferentes leyes y decretos que regulan la tramitación de las quejas y denuncias contra los funcionarios de carrera judicial, los abogados y notarios públicos".

En el punto uno de su comunicado, la CSJ hace un recorrido por las leyes y decretos que les dan facultades para resolver en los tribunales las quejas contra los abogados y notarios.

La CSJ defiende su facultad para abrir proceso disciplinario a abogados. Archivo/END

"El artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua, que crea el Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial y le faculta de forma exclusiva para conocer, investigar, y resolver en lo que competa las infracciones al régimen disciplinario en que incurran los profesionales del Derecho y los funcionarios de carrera judicial, así como (inciso 10) organizar y dirigir los procedimientos para los procedimientos para la incorporación y otorgamiento de los títulos de abogado y notario público; extender la autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos, de conformidad con la ley”, mantiene el alto tribunal de Nicaragua.

Mientras, en el segundo numeral se agrega: “El artículo 69 de la Normativa de la Ley de Carrera Judicial, del 12 de junio de 2008, establece: cuando el Consejo (Nacional de Administración de Carrera Judicial) tenga conocimiento, por la interposición de una denuncia o queja sea en forma oral o escrita sobre hechos que pudieran dar lugar a que un funcionario de carrera judicial incurra en responsabilidad disciplinaria, acordará la apertura de la investigación en proceso sumario (3-8-3). Y el artículo 126 de la misma normativa, señala claramente que, este mismo procedimiento de los funcionarios de carrera judicial será aplicable en lo posible a las quejas que se instruyeron en contra de los Abogados y Notarios Públicos en el ejercicio de su profesión, sin perjuicio de lo establecido en los decretos 1618 del 4 de octubre de 1969 y 658 del 24 de febrero de 1981”.

Los abogados de Nicaragua han abierto un debate sobre la circular de la CSJ. Archivo/END

A renglón seguido, menciona: “Como podemos observar, en estos cuerpos de ley la facultad que las salas penales (o de lo criminal) de los Tribunales de Apelaciones tienen para juzgar los delitos oficiales que comentan los abogados y notarios públicos en el ejercicio de sus funciones, según el decreto 1818, de ninguna manera excluye que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ pueda al mismo tiempo levantar un proceso disciplinario cuando se tenga conocimiento de un delito o falta cometida por un abogado o notario”.

“El procedimiento disciplinario establecido en los distintos  cuerpos de Ley que hemos relacionado en este comunicado y que ahora se incorporan y unifican al Decreto 97, es el que ha sido utilizado siempre para tramitar y resolver las quejas contra funcionarios judiciales, abogados y notarios públicos”, señala el numeral cuatro del comunicado.