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La Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia, Cardenal Miguel Obando, dio por resuelto el conflicto generado entre líderes de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, de Mulukukú y desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, por la finca Santa Rita, ubicada en la comarca Kuikuinita, jurisdicción de Siuna.

La propiedad de 495 manzanas, según la base principal del acuerdo, fue dividida en dos tantos, resultando los CPC con 335 manzanas a su favor, mientras que los desmovilizados se quedaron sólo con 160.

“Peor es que no hubiéramos obtenido nada”, aseguró Carlos González Cantillano, representante de 16 familias de desmovilizados a quienes la Intendencia de la Propiedad les anuló el título de propiedad sobre Santa Rita, otorgado por el gobierno de Enrique Bolaños.

Acuerdos poco salomónicos

González reconoció que los acuerdos fueron “poco salomónicos”, pero dijo que aceptaban el compromiso toda vez que ello implicaba que por primera vez en más de cinco años que lleva el conflicto, puedan dormir con tranquilidad, sin el temor a ser despojados totalmente de las tierras que fueron fruto de los acuerdos de desmovilización de la contrarrevolución.

“Algo es algo”, dijo González, quien reconoció que los acuerdos no señalan nada sobre el resarcimiento de los daños provocados por la delegada de la Procuraduría General de la República en el Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez, a quien señalaron de ser la responsable de la quema de siete casitas de los desmovilizados que estaban en la finca Santa Rita.

Para el Cardenal Miguel Obando y Bravo, garante de los acuerdos, los mismos fueron posibles “gracias a la buena voluntad y al trabajo de la Comisión de Reconciliación”, y anunció que para el 28 de abril próximo recibirá a los líderes de la Resistencia Nicaragüense que también están demandando solución a varios conflictos de propiedad, generados por el desconocimiento del gobierno actual de los títulos de propiedad entregados por los gobiernos anteriores.

Enemigos de la paz

Nelson Artola, miembro de la Comisión de Verificación y Reconciliación, mientras calificaba los acuerdos como “un milagro”, acusó “a los enemigos de la paz” de descalificar los esfuerzos que la misma realiza para resolver los problemas de propiedad entre los desmovilizados de la Resistencia y del Ejército.

Destacó que la Comisión ha resuelto cerca de 200 conflictos de propiedad, beneficiando a 6 mil familias campesinas. Resaltó como otro logró el incremento de las pensiones para las víctimas de guerras y viudas que dejó el conflicto militar, al grado que ninguna de ellas “está bajo el salario mínimo”.

Conflictos heredados

Para la titular de la Intendencia de la Propiedad, Yara Pérez, los responsables de los conflictos de propiedad son los gobiernos anteriores, quienes dieron títulos sobre títulos ya existentes y asignaciones de propiedades que “los llevaban a la cárcel”.

“Es un conflicto resuelto más de esta Comisión”, dijo Pérez, quien anunció que se preparan mil 200 nuevos títulos para resolver conflictos en El Timal.

Desconocen a otros demandantes

Ayer mismo, un grupo de desmovilizados marchó frente a la Procuraduría General de la República, demandando la solución al problema de inseguridad jurídica en el campo.

Los demandantes exigieron la creación de la Comisión Agraria, para que revise los problemas que enfrentan miles de desmovilizados, pero Nelson Artola, Presidente del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, desconoció la protesta y dijo que en la Comisión de Verificación y Paz están representados al menos 200 mil desmovilizados, tanto de la Resistencia como del Ejército.

“Estamos abiertos a resolver cualquier problema de propiedad”, señaló, mientras responsabilizaba a los gobiernos anteriores de empeorar la situación en el campo, al no dar repuesta a los problemas de propiedad.