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Incluir el principio de oportunidad y la justicia restaurativa al Código de la Niñez y Adolescencia, así como considerar una mayor tasación a las pensiones alimenticias cuando sean para niños, niñas o adolescentes con enfermedades crónicas o alguna discapacidad, son parte de los planteamientos de la Defensoría Pública en la consulta para actualizar el marco jurídico de los derechos de la niñez, juventud y familia.

Estas propuestas fueron expuestas por la doctora Clarisa Ibarra Rivera, directora nacional de la Defensoría Pública de Nicaragua, quien ayer se reunión con los legisladores de la Asamblea Nacional, que están desarrollando el proceso de consultas para modernizar el marco legal con el fin de mejorar la convivencia familiar y garantizar los derechos de la niñez, juventud y adolescencia.

“Planteando el poder establecer la oralidad en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este código fue el primero, dentro de la modernización de las normas en Nicaragua, pero no traía en sí la oralidad”, dijo Ibarra explicando que “no estamos planteando hacerlo similar a la justicia ordinaria, porque entonces dejaría de ser justicia especializada de adolescentes, sino que se establezca la estrategia de la oralidad”.“La justicia restaurativa tiene que ver con el poder entrar a un proceso entre el autor de la comisión de un delito

En la justicia penal de adolescentes hay una acusación que tiene que ser presentada por el Ministerio Público, presentada la acusación se manda a convocar, pero no hay  audiencia, todo se hace por escrito. En la audiencia únicamente hay un debate, pero cuando ya se va a evacuar la prueba, sostuvo Ibarra.

“En tanto, en la justicia  ordinaria hay una audiencia preliminar que tiene que ver con si tenés o no una defensa, de conocer de qué se te acusa, en la audiencia inicial ya se ven otros aspectos y en el juicio oral y público, cuando ya vas a debatir”, observó.  

Coinciden con la Dirac 

Ibarra sostuvo que  “coincidimos con la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac)” en el planteamiento de “incluir dentro de las normativas del Código de la Niñez y la Adolescencia, los principios de oportunidad que establece el Código Procesal Penal”. 

Además, se ha sugerido que “la justicia restaurativa que es aplicable al Código de la Niñez y la Adolescencia pueda ser aplicable a la justicia ordinaria”, sostuvo Ibarra.

“La justicia restaurativa tiene que ver con el poder entrar a un proceso entre el autor de la comisión de un delito con la víctima para  restituir el daño ocasionado”, agregó.

“En los pueblos originarios de la Costa Caribe existe el derecho consuetudinario que tiene que ver con la aplicación de la autoridad territorial sobre determinadas acciones en su territorio, entonces, la justicia restaurativa tiene que ver con eso.  Yo te hice un daño, si este es un daño material y vos estás de acuerdo que este daño material o emocional te lo resuelva o pueda restituirlo de determinada manera, es permitido y es permitido en la justicia especializada  de adolescentes, no obstante, no es así en la justicia ordinaria”, explicó.En la justicia penal de adolescentes hay una acusación que tiene que ser presentada por el Ministerio Público.Archivo/END 

Sostuvo que esto permitiría mejorar la prestación del servicio al desjudicializar algunos aspectos.

Además, habló sobre el planteamiento de diferenciar la tasación en los casos de pensiones alimenticias, en el sentido de que estas puedan ser mayores cuando “para niños, niñas o adolescentes con enfermedades crónicas o con discapacidad, porque los costos y los gastos son mucho mayores, entonces se debe reflexionar sobre este aspecto”. 

Ibarra también comentó que los casos de violencia enmarcados en la Ley 779 puedan ser conocidos por jueces locales y no propiamente por jueces especializados. 

Señaló las dificultades que implica, por ejemplo, trasladar desde Alanikamba hasta Siuna (municipios del Caribe Norte) a una persona, cuando se puede  resolver el conflicto en el juzgado local,  “es mucho más práctico hacerlo en el juzgado local, no le vería inconveniente desde el punto de vista del acceso a la justicia desde la Defensoría Pública”, dijo al respecto.