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Cinco de las 26 víctimas de femicidio, registrados por el Poder Judicial de Costa Rica en 2016, eran nicaragüenses, revelan datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia de este país. 

La pérdida de las redes de apoyo de las nicaragüenses que migran hacia Costa Rica las posiciona en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia de género, afirmó ayer Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales del Migrante (Cenderos).  

“Cuando te vas perdés tu red de apoyo, tu familia, tu vecindario, el grupo de amigas que te apoya, donde te podés refugiar. Esa es la principal condición que nos vulnera y se convierte en un factor que se desprotege, por eso es importante reforzarlo”, declaró Solís, este martes durante el II Congreso Internacional de Migración y Salud Mental, realizado en la Universidad Centroamericana (UCA). Congreso de migración en la UCA. Bismarck Picado/END

Asimismo, la falta de conocimiento sobre sus derechos como migrantes ocasiona que las mujeres que sufren violencia de género no denuncien a sus agresores porque piensan que no pueden ser atendidas por el sistema judicial, en especial si son indocumentadas, señaló también Solís. 

“Muchas de esas mujeres no (denuncian) porque es un tema que es considerado como personal o privado, pero se van hacia Costa Rica tratando de huir del agresor porque las medidas en su país no fueron suficientes, pero allá tampoco el país ha sido capaz de acogerlas a ellas”, agregó.  

Vulnerabilidad económica

Por otro lado, Adilia Solís, de la organización Cenderos, indicó que otro de los factores que mantiene a las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género es la dependencia económica, que está ligada también a su estatus migratorio. 

“Si tenés el permiso de residencia como esposa o compañera y te divorciás, perdés esa condición y por tanto perdés la residencia. Muchas mujeres se subordinan a esa relación de poder que la misma ley le da al hombre”, argumentó.  

Además, aunque la mujer cuente con la documentación legal para residir en Costa Rica, la dependencia económica también las limita de denunciar, puesto que en muchos casos tienen hijos bajo su tutela o familiares en Nicaragua a quienes les envían remesas. 

“En ese dilema lo que hace la mujer es vivir y perpetuar ese ciclo de violencia por el miedo a perder el soporte económico pensando en la familia que dejó y en la que tiene allá. Todos esos factores hacen explosiva la situación y el clima que hay allá tan violento que tenemos en este momento”, añadió.  3  mujeres  nicaragüenses han sido asesinadas en el extranjero en lo que va de este año. Bismarck Picado/END

Las estadísticas

Según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Costa Rica, un 55% de las personas que están en situación de refugio son mujeres y el 44% de solicitantes también. 

Del total de mujeres migrantes atendidas por la organización Cenderos, que tiene sede en la zona fronteriza con Nicaragua y en la capital, hasta un 80% son nicaragüenses y el restante son originarias de otros países centroamericanos. 

Hasta el momento, el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial de Costa Rica no ha precisado cuántas de las 30 víctimas de femicidio entre 2017 y lo que va de 2018 son nicaragüenses.

Sin embargo, el último caso reportado por medios de comunicación de la localidad ocurrió a inicios de este mes en la provincia de Alajuela, al norte del país, donde un nicaragüense de apellidos Guadamuz Ramos, acuchilló y lanzó a un río a su pareja, de 25 años, quien era también nicaragüense y estaba embarazada. 

En lo que va de 2018, la organización Católicas por el Derecho a Decidir de Nicaragua han contabilizado tres nicaragüenses muertas a manos de sus parejas o exparejas en el extranjero y en el territorio nacional 14 mujeres han sido víctimas de femicidio.