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SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN
Directivos de la Federación de Cambistas de Río San Juan denunciaron ante una delegación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, que visitó el departamento, cómo sus corredores de moneda fueron víctimas de una arbitrariedad cuando el 15 de abril les “decomisaron” 21 millones de colones, al pretender cambiar moneda tica por dólares en la banca de Los Chiles, Costa Rica.

Gilbert Mercado y Germán José Casanova, de la directiva sindical de los cambistas, explicaron la acostumbrada transacción que realizan para comprar los colones que traen los migrantes que trabajan en el vecino país, cuya actividad es conocida, incluso, entre las autoridades ticas acantonadas en Los Chiles.

Los cambistas mostraron toda la documentación que demuestra la procedencia y legalidad del dinero, incluso la hipoteca bancaria de una vivienda de un cambista que obtuvo un préstamo de 20 mil dólares. Señalaron contar con los avales de los jefes policiales y del Ejército del departamento y de personas de Los Chiles, quienes dan fe de conocerles para descartar cualquier vínculo al lavado y narcotráfico.

Los directivos insistieron en que las autoridades ticas, precisamente el señor Randall Vargas Chávez, delegado de Aduana, los retiró de la fila donde revisaban sus maletas y con engaños los llevó a las oficinas diciéndoles que la declaración tardaba media hora, sin embargo no les facilitó los formularios y los mantuvo detenidos casi ocho horas con custodia de la guardia tica.

Los abogados del Cenidh de Managua, Norwing Solano y Carlos Guadamuz; el coordinador de la filial de Chontales, Dennis Antonio Báez; Phillips González Jaime, responsable de promoción, y Zulma Molina, asistente administrativa, recibieron la documentación que también han hecho llegar a la Cónsul General de Nicaragua en Costa Rica, Leticia Herrera.

Los cambistas, en su escrito, dicen haber presentado pruebas de la procedencia del dinero que justifica su origen ante la fiscalía de Los Chiles de Costa Rica, a través de su abogado, Olman Castro Madrigal.

“Solicito sus buenos oficios a fin de que con su apoyo las autoridades competentes resuelvan nuestro caso y el dinero sea devuelto a sus portadores para completar su trabajo…”, afirma Gilbert Mercado, firmante de la carta enviada a Herrera.

Los corredores víctimas de esa arbitrariedad son Harlem Bertha Cecilia Sevilla Martínez y Manuel Arreola, además de Magali de Los Ángeles Terán, hija del propietario de farmacia Oscar Terán, a quien le ocuparon 9 millones 610 mil colones, que equivalen a 16 mil 756 dólares.

Ante la delegación del Cenidh, Harlem relató la odisea que vivió desde que arribaron en la lancha y los retiraron de la fila al momento que registraban las maletas.

Piden respuesta

Los abogados Norwing Solano y Dennis Báez explicaron a los cambistas que aprovechando esta visita a Los Chiles para conocer la situación de los migrantes nicas, buscarán a la cónsul Julieta Gómez, para realizar la investigación que les permita conocer la versión de las dos partes y que se defina las situación del dinero, dado que además de afectar a las familias de los cambistas, también afecta al Estado costarricense, porque es un dinero que “está estático, no está produciendo”.

La ley costarricense

La Ley 8719 (Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo) dice en el artículo 35, en su primer párrafo: “Al ingresar en el país o salir de él, toda persona, nacional o extranjera, estará obligada a declarar el dinero efectivo o los títulos valores que porte, si la cantidad es igual o superior a los diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $10.000.00) o su equivalente en otra moneda.

Para la declaración, deberá emplear los formularios oficiales elaborados con ese fin, los cuales serán puestos a su disposición, por los funcionarios competentes de la Administración Aduanera, en los puestos migratorios”.

Según Germán José Casanova, Secretario del Sindicato de Cambistas, “hay una violación a la ley, pues dice que tienen que poner a la disposición los formularios a los compañeros, pero los detienen a unos 300 metros antes de llegar a aduana y no les dan acceso a los formularios. Si el dinero excedía a lo que la ley contempla, no importa haber pagado multa, pero a los compañeros no les permitieron declararlo; las mimas autoridades costarricenses no actuaron en base a la ley y violaron los derechos humanos al no permitirles ni siquiera una llamada”,
afirmó.