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En Nicaragua, un alto porcentaje de la población conoce de lugares donde ofrecen “servicios sexuales” con personas menores de edad, sin embargo, sólo el 49 por ciento estaría dispuesto a denunciar al explotador sexual.

Estos datos son parte del segundo estudio de Tolerancia Social en el Comercio Sexual con Personas Menores de Edad, y aunque se considera positivo que la cifra aumentó en cuatro puntos desde 2002, aún la mitad de la población se debate entre no hacer nada o denunciar a la menor de edad.

La encuesta realizada por el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, indica que al 37.3 por ciento de los nicaragüenses simplemente no le importa o no es su problema. De éstos, el 35.5 por ciento tiene desconfianza en el sistema, mientras el 27.7 por ciento teme represalias.

Pobreza y falta de valores

En relación con las causas de la explotación sexual, se señala como origen principalmente a la pobreza de la víctima y de su familia, además de la falta de valores de éstas, atribuyéndoles la responsabilidad de su situación. Así que los realizadores del estudio señalan de preocupante que las personas encuestadas no consideran al explotador que paga, como el causante de la explotación sexual.

Entre las recomendaciones del estudio para combatir la problemática, está, en primer lugar, la necesidad de continuar concienciando a la población, acerca de quiénes cometen el delito de explotación sexual comercial.

También señalan que se debe estimular una cultura de denuncia de los verdaderos responsables del problema, para ayudar a detener el delito y proteger a las víctimas de la explotación sexual en menores de edad.

Por otra parte, consideran que a nivel regional se debe revisar, ejecutar y crear políticas sociales universales de combate a la pobreza, de trabajo decente, de vivienda digna y de reinserción educativa, entre otras, que favorezcan a los sectores más pobres de la población.

El engaño

Sobre esto, la comisionada mayor Mercedes Ampié, Directora de las Comisarías de la Mujer a nivel nacional, indicó que la problemática de la trata de personas y de la explotación en niños y adolescentes, es un problema que debe trabajarse de forma articulada con otras instituciones y con las oficinas policiales de los otros países centroamericanos. “Recientemente firmamos un convenio con Interpol, por la necesidad de tener la información al día y elaborar los diferentes planes”, dijo.

La Comisionada General explicó que el problema inicia con desaparecidos, y en el transcurso de la investigación la mayoría culmina descubriendo que la persona buscó otras alternativas laborales y cayó en el engaño de la trata de personas y de la explotación sexual, principalmente jovencitas entre los 16 y los 20 años, e inclusive mujeres de 35.

A pesar de que la mitad de la población asegura que está dispuesta a denunciar estos casos, el año pasado tan sólo se procesaron y condenaron 10 casos, y este año en los primeros cuatro meses se han ventilado siete casos.

Ramiro Blanco, Secretario General del Ministerio de la Familia, dijo que a nivel centroamericano la región experimenta los mismos riesgos en el caso de la explotación sexual. Recordó que existen grupos poderosos interesados en desarrollar este tipo de “negocio” de forma clandestina, involucrados con la mafia internacional del narcotráfico y del tráfico de personas.

Por otra parte, hay una serie de condicionantes que abonan al fenómeno, y todo llega a calar en la pérdida de valores por influencia de programas de televisión, y hasta anuncios promueven el consumismo, que en general crean expectativas en personas menores de edad, que caen más fácilmente en el engaño de los explotadores.