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  • ACAN-EFE

La Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles (RedTraSex) de Nicaragua rechazó hoy la decisión de Costa Rica de cobrar una multa de 100 dólares por cada mes a los extranjeros que permanezcan de manera irregular en su país.

"Las mujeres trabajadoras migrantes son las que envían las remesas a sus familias, multas como esta sería fatal para su situación", manifestó la RedTraSex Nicaragua en un comunicado.

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El Gobierno de Costa Rica anunció en marzo pasado que la aplicación de la multa entrará en vigor el 20 de abril.

La medida podría afectar a una parte de cerca de 500.000 nicaragüenses que viven en ese país, puesto que no todos cuentan con sus papeles en regla.

Miles de nicaragüenses viajan a Costa Rica para obtener ingresos económicos y enviar a sus familiares en Nicaragua. Foto: Archivo / END.La RedTraSex Nicaragua cree que los más afectados serían los nicaragüenses con trabajos precarios, como las trabajadoras domésticas o quienes se dedican a actividades agrícolas.

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La medida podría provocar explotación laboral, ya que las mujeres nicaragüenses "no podrán acudir a demandarlos (a los empleadores) por miedo a que sean multadas".

La RedTraSex Nicaragua demandó al Gobierno nicaragüense "pronunciarse o actuar, brindándole los trámites legales a miles y miles de trabajadoras, que al final aportan a la economía del país".

El puesto fronterizo de Peñas Blancas. Archivo/END

Los nicaragüenses que migran hacia Costa Rica normalmente son personas de baja escolaridad que toman la decisión como la última opción ante una situación económica asfixiante, y son reclutados como mano de obra barata en dicho país.

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En 2017, los nicaragüenses que viven en Costa Rica, tanto de forma legal como irregular, enviaron 278,1 millones de dólares, lo que representó el 20 por ciento de las remesas familiares recibidas en Nicaragua.

La RedTraSex Nicaragua es un grupo que goza de reconocimiento local, tanto por las autoridades como por la sociedad, a pesar de que sus integrantes sufren discriminación.

Las trabajadoras sexuales nicaragüenses pertenecen a comisiones de salud estatales y forman parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia, como facilitadoras judiciales, capacitan a policías en derechos humanos y su historia ya llegó al cine.