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Cayó el telón, y con ello las esperanzas de miles de ex trabajadores campesinos que reclamaban una indemnización a la transnacional Dole Food Company, luego de que una jueza rechazara las demandas por perjuicios y daños por exposición al químico Nemagón, que se aplicó en las décadas del 60 y 70 en el occidente de Nicaragua.

Victoria Chaney, Jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, California, tras varios días de audiencia, rechazó continuar dos demandas por presuntos daños del pesticida DBCP (siglas del compuesto químico que se comercializaba como Nemagón y Fumazone), que impulsaban en Estados Unidos los abogados del bufete de Juan José Domínguez, representante de los campesinos nicaragüenses que reclamaban muchos millones de dólares por daños físicos y morales a la Dole.

Chaney explicó en la audiencia que encontró evidencias abrumadoras de fraudes, falsificaciones y alteraciones de documentos legales, pruebas médicas, traducción de sentencias de Nicaragua y otros, que a su criterio formaban parte de una conspiración internacional organizada para sacar dinero a las empresas denunciadas. Aparte de Dole, otras compañías acusadas son Dow Chemical y Amvac.

“Jueces corruptos de Nicaragua”

“Creo que hubo y hay una conspiración extendida para cometer fraude en las cortes estadounidenses y nicaragüenses, para cometer fraude contra los acusados, sacarles dinero no sólo a estos acusados, sino a todos los fabricantes de DBCP y cultivadores y operadores de plantaciones en Nicaragua entre 1970 y 1980”, dijo Chaney.

La judicial estadounidense acusó a Domínguez, de Estados Unidos, y al abogado nicaragüense Antonio Hernández Ordeñana, de confabularse con jueces nicaragüenses “corruptos” para cometer fraude contra el sistema judicial norteamericano y tratar de estafar con más de dos mil millones de dólares, consignados en 40 demandas de 10 mil personas contra Dole y otras siete empresas, acusadas de ocultar información sobre el Nemagón y permitir daños físicos y morales a los obreros de las plantaciones bananeras.

Chaney específicamente señaló que la juez Socorro Toruño, de Nicaragua, quien fue la que emitió varias sentencias, se había reunido con varias firmas de abogados estadounidenses y nicaragüenses y laboratorios para enviarles a los demandantes y así obtener informes médicos falsos para usarlos en los juicios.

Cierran puertas a pruebas nicas

De acuerdo con una nota de prensa enviada a EL NUEVO DIARIO por la oficina de Dole en Westlake Village, California, la decisión de la jueza Victoria Chaney, de la Corte Superior de Los Ángeles, es el inicio del proceso judicial para revertir más de 40 demandas de indemnización por montos arriba de los dos mil millones de dólares.

Esto porque Chaney anunció que enviaría el análisis de su dictamen a las asociaciones de abogados del Estado y a otras agencias judiciales de Estados Unidos y otros países donde se desarrollan las demandas, para que sea tomado en cuenta a la hora de emitir sentencias.

Además, la judicial rechazó de antemano la autenticidad de cualquier medio de prueba, documento, dictámenes médicos y sentencias emitidas en Nicaragua.

“Esta corte cuestiona la autenticidad y credibilidad de cualquier documento que venga de Nicaragua. No puedo creer ni en los reportes de laboratorio, ni en certificados de trabajo ni en los informes de los médicos. No hay allí nada para creer”, expuso Chaney, quien anunció que más adelante podría determinar acciones penales contra los abogados acusados de falsificar documentos, pruebas y testimonios de los campesinos a quienes representaban.

Matan Ley 364

En el juicio estuvo presente el fiscal federal adjunto Richard Robinson, un importante fiscal antifraude que actuó como consejero en el caso del Departamento de Justicia contra la firma legal Milberg Weiss, quien asistió a la audiencia con un equipo de análisis técnico, pero al final de la audiencia no ofreció comentarios sobre si se había iniciado una investigación.

La judicial estadounidense, del mismo modo rechazó cualquier sentencia emitida en Nicaragua al amparo de la Ley 364, Ley Especial para la Tramitación de Juicios Promovidos por Personas Afectadas por el DBCP, al considerar que dicha ley es injusta y deja en desventaja a las empresas norteamericanas contra el sistema judicial nicaragüense.

Esta ley es la base jurídica principal de las sentencias en Nicaragua que luego han ido a tratar de ejecutarse en Estados Unidos.

Los abogados de los demandantes: Juan Domínguez, de Los Ángeles, y Antonio Ordeñana, de Nicaragua, acusaron a Dole de sobornar a los testigos, pero no presentaron defensa alguna a las acusaciones durante la audiencia.

Dole es un “monstruo”

“No me causa ni asombro ni sorpresa esa reacción de la Dole, porque desde hace varios meses he denunciado a tres emisarios de esa empresa que se han movilizado con cédula de residencia ofreciendo jugosas sumas de dinero, visas y casas a humildes campesinos para declarar contra esta lucha que no detendremos”, dijo el jurista.

Añadió que se trata de un montaje de parte de la Dole, debido a que el bufete jurídico que representa, por primera vez en la historia, tiene juicios radicados en la Corte Superior de los Ángeles, a cargo de Victoria G. Chaney, “con avances positivos”.

Hernández Ordeñana negó el supuesto reclutamiento de clientes falsos y aseguró que en dos laboratorios especializados de Nicaragua se comprobó que los demandantes no pueden engendrar y sufren diversas afecciones, debido al uso indiscriminado del Nemagón y del Fumazone por parte de empresas transnacionales norteamericanas en bananeras de León y Chinandega, las cuales conocían el mal que el tóxico causaba, y sin embargo no cesaron el uso.

Dole en 2008 registró ingresos netos de 7.6 mil millones de dólares. Es la empresa más grande del mundo productora y comercializadora de frutas y hortalizas y es la principal productora de banano.