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A los legisladores de la Asamblea Nacional que desarrollan la consulta y debate para puntualizar los aspectos que deben actualizarse en el marco jurídico de la niñez, juventud y familia, se les ha propuesto modificar el Artículo 324 del Código de Familia, con el fin de ajustar el método de asignación de las pensiones al ingreso del padre o madre y a las necesidades reales de los hijos. 

La organización Quincho Barrilete presentó está propuesta, explicó Karla Nicaragua, asesora legal de esta entidad, la cual participó en la consulta desarrollada por los diputados.

El planteamiento de Quincho Barrilete se suma al señalamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que de igual forma hizo ver a los legisladores la necesidad de reformar el Artículo 324 del referido código.

Una ONG propone reformar la pensión de alimento en Nicaragua. Archivo/END

Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, se refirió a este tema cuando los diputados iniciaron a mediados del mes de marzo una serie de reuniones para escuchar las inquietudes y propuestas sobre las normas legales vinculadas a la familia.

“Respecto al Código de Familia, este requiere ser reformado. En lo que se refiere al modo de fijar montos de pensión alimenticia, debe ajustarse el sistema y adecuarse, tanto a los ingresos del deudor como a las necesidades del acreedor alimentista, de manera más clara y fidedigna”, dijo Ramos, según una nota de la CSJ publicada el 15 de marzo, después que la magistrada participara en la consulta en la Asamblea Nacional.

Los diputados que dirigen este proceso y que pertenecen a la Comisión de Asuntos de Mujer, Juventud, Niñez y Familia del Poder Legislativo, han explicado que no se pronunciarán respecto a las propuestas recibidas hasta terminar el proceso de consulta, el cual tentativamente tienen previsto concluir el 12 de abril.

En los juzgados se llevan muchas demandas para aumentar, disminuir o cumplir con la pensión de alimento. Archivo/END

La reforma al Artículo 324 del Código de la Familia no fue la única propuesta de la CSJ, que no divulgó detalles sobre cómo debe ser actualizado este acápite o las modificaciones específicas.

Entre las principales disposiciones establecidas en este artículo, está la distribución de la pensión tasada de la siguiente manera: “a) Veinticinco por ciento de los ingresos netos si hay solo un hijo; b) Treinta y cinco por ciento de los ingresos netos si hay dos hijos; c) Cincuenta por ciento de los ingresos netos si hay tres o más hijos y se distribuirán de manera equitativa”. 

Gastos eventuales y extraordinarios 

En el caso de la propuesta hecha por Quincho Barrilete, Karla Nicaragua, explicó  “que no se está pidiendo que se cambien esos porcentajes, sino que se haga una modificación en el sentido de que, cuando un juez tasa una pensión, no incluya en ese monto total del 25, 35 o del 50%,  todo lo que tiene para bien del crecimiento y desarrollo de ese niño”.

“Hay gastos que son eventuales, por ejemplo, el ingreso a clase, que en el mes de enero representa un gran gasto para una madre o un padre, porque debe comprar útiles, cuadernos, libros y uniformes, entonces se propone establecer que, aparte de esa pensión alimenticia, sin subir esos montos, que el padre y la madre asuman el 50% de esos gastos eventuales, que se dan una o dos veces al año”, señaló Nicaragua.

También se propone que sea así para “gastos de salud y de cualquier otro  gasto que sea extraordinario y que esto se deje establecido” en el código, explicó la asesora legal de Quincho Barrilete. 

Más para niños con discapacidad

También se ha propuesto, agregó Nicaragua, establecer una flexibilidad que permita aumentar el monto de pensión alimenticia cuando el hijo o hija tenga una discapacidad o enfermedad severa.

Mujeres que retiran la pensión de alimentos. Archivo/END

“Hay un caso específico que estoy conociendo, donde un padre tiene dos hijos a quienes les da alimentos y uno de ellos es autista, el autismo es una discapacidad severa que no se cura. Entonces él dice que ahora quiere reformar la sentencia, porque él hizo un acuerdo de mediación con la mamá, donde él consideraba que era justo pasarle el 50%  de pensión porque en ese momento significaban  C$2,500”, comentó.

“Pero ahora él (este papá) gana C$30,000 y considera que el 50%  es demasiado, ahora va donde el juez y le dice que el código es taxativo y dice que por los dos niños solo debe dar el 35%, pero él no está diciendo que tiene un niño con una discapacidad severa, un niño que necesita medicina, necesita cuidados”, agregó.

Para este tipo de casos “estamos diciendo que, cuando hay niños con discapacidad permanente, que las pensiones no sean camisas de fuerzas con ese 25 o 35%, que el juez afecte un porcentaje mayor, que no pase del 50%, pero puede ser el 40% de pensión. El niño con discapacidad necesita más, que para estos casos especiales que la ley lo diga”.

Recordó que  “el código habla de niños y niñas, y cómo los jueces no pueden aplicar otra norma, entonces dice: ‘es cierto, hay un niño con discapacidad,  pero no puedo aplicar otra norma’ (para valorar una mayor pensión)”. 

Los procesos por incumplimiento de pensión alimenticia son de los casos principales que se llevan en los juzgados civiles de Nicaragua. El año pasado, según cifras oficiales, ascendieron a más de 2,000 solo en los Juzgados de Familia del municipio de Managua.

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