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El Ministerio Público cuenta con 32 pruebas para demostrar en juicio la culpabilidad de los tres hombres sospechosos  de asesinar y quemar a dos mujeres  en Buena Vista del Cañón, en  Jalapa, Nueva Segovia.

La tarde del jueves, la jueza segundo especializada en violencia de la capital, Aleyda Irías, ordenó prisión preventiva para los acusados Deymar Vallecillo Alegría, Jareth Moncada Moncada y Óscar Ruiz García, y fijó como fecha de inicio de juicio el próximo 21 de mayo. 

Deymar Vallecillo Alegría enfrenta cargos por violación agravada, robo agravado, secuestro y asesinato. Jareth Moncada Moncada es acusado por secuestro y robo agravado, mientras que a Óscar Ruiz García le imputan el delito de amenazas y autor intelectual del delito de asesinato agravado.

Las víctimas son Jamileth Ávila Sánchez, de 39 años, y la adolescente Z.C.Z.G., de 17, suegra y nuera, respectivamente.

Las pruebas

Entre los 32 medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía están los testimonios de 22 testigos, entre estos 10 agentes policiales que participaron en los actos de investigación.

En juicio testificará una persona que declara haber pasado por la casa de Óscar Ruiz García, donde se planificó el plan criminal que  --según las investigaciones-- tenía como objetivo  acabar con Efraín Cárdenas Flores y su familia para evadir el pago de una deuda de C$110,000.

La Fiscalía también cuenta con los resultados de los peritajes químicos realizados en la ropa y zapatos de Deymar Vallecillo Alegría. En las pertenencias del sospechoso se detectaron manchas de sangre y residuos de gasolina, el mismo tipo de combustible utilizado para quemar la casa con las víctimas ya fallecidas adentro.

“Los actores de estos delitos limitaron la libertad sexual, el derecho de movilización y el derecho a la vida de las víctimas…  La prueba que tenemos es abundante y coherente entre sí, es por ello que tenemos la certeza que en el juicio se va a demostrar la culpabilidad de cada uno de los acusados”,  enfatizó la fiscal auxiliar Belissa Martínez.

Por su parte la defensora pública Francis Martínez expresó que pretende demostrar que los acusados no tienen ningún vínculo con los hechos acusados.