Luis Galeano
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Los contralores decidieron ayer, de manera unánime, verificar las declaraciones de probidad de todos los funcionarios que actualmente trabajan al frente de los diversos poderes del Estado, entre ellos el presidente del país, Daniel Ortega, ministros, viceministros, magistrados, directores de entes autónomos y diputados ante la Asamblea Nacional.

Así lo informó el presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, quien indicó que la decisión la tomaron luego de que la Dirección General Jurídica les remitió el plan anual de verificación de declaración de probidad, que contemplaba revisar los patrimonios de varios ex alcaldes y ex funcionarios de entidades de lugares recónditos del país.

“Nos proponían revisar una lista de más de 100 declaraciones de probidad del ex alcaldes, entre ellos el de El Cua-Bocay, y nos parece que si vamos a disponer de personal para hacer esas revisiones de ex funcionarios, mejor lo destinemos a revisar las declaraciones de actuales funcionarios de todos los poderes del Estado”, dijo el colegiado.

Argüello Poessy expresó que los verificadores revisarán las declaraciones patrimoniales de funcionarios como el presidente Ortega, los 91 diputados, los magistrados electorales, entre ellos el polémico presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Roberto Rivas y los 16 magistrados judiciales.

También analizarán los patrimonios declarados por los viceministros y asesores, como es el caso de Bayardo Arce Castaño, pues su nombramiento lo hace funcionario estatal.

Los colegiados dispusieron realizar las indagaciones 27 meses después que los funcionarios de la actual Administración asumieron sus cargos, lo que contrasta con la premura con que revisaron las declaraciones de probidad de los funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños.

“Recuerden que hay una disposición en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que ordena que cuando hay un cambio significativo en el patrimonio del servidor público, el de su esposa y el de sus hijos menores, tiene que informar a esta Contraloría”, explicó el titular de la CGR.

Las exclusiones de ayer

Por otra parte, el colegiado informó que aprobaron una petición de exclusión de procedimientos. Aprobaron una petición del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, Iniser, para contratar sin procedimientos ordinarios 488 mil 750 dólares, para hacer publicidad en eventos, vallas y anuncios sobre el giro de esa entidad.

“Nos mencionan que el Iniser se encuentra es desventaja frente a otras empresas del mismo giro, que no están sometidas a la Ley de Contrataciones y que contratan cuando quieren, se anuncian donde quieren y a la hora que quieren, y por eso lo aprobamos”, dijo.

Argüello Poessy mencionó que otra de las aprobaciones se le dio al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, para contratar a un costo de 25 mil dólares a traductores que sirvan en la Segunda Ronda de Negociación para un Tratado de Libre Comercio, TLC, con Canadá, que se dará en las próximas semanas.

“Los traductores son necesarios porque de lo contrario no se puede llevara cabo esta reunión importante para Nicaragua y para el Canadá”, dijo Argüello Poessy.

Otra de las exclusiones aprobadas fue la petición del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, para adquirir equipo de mobiliario y aires acondicionados, para arreglar los últimos tres pisos del antiguo Banco de América, que servirán para trabajo legislativo.