Róger Olivas
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Chinandega

El abogado Antonio Hernández Ordeñana, acusado por una jueza estadounidense de cometer fraude y de participar en una conspiración en contra de la firma Dole Food Company en el caso del Nemagón, respondió a los señalamientos y afirmó que si alguien preparó una conspiración, fue la transnacional y no él, ni ninguno de sus colegas que defienden a los campesinos afectados.

Victoria Chaney, Jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, California, tras varios días de audiencia, rechazó continuar dos demandas por presuntos daños del pesticida DBCP (siglas del compuesto químico que se comercializaba como Nemagón y Fumazone), que impulsaban en Estados Unidos los abogados del bufete del abogado Juan José Domínguez en contra de la empresa transnacional.

De paso, la judicial acusó tanto a Domínguez como a Ordeñana de supuestamente participar en una “conspiración extendida para cometer fraude en las cortes estadounidenses y nicaragüenses”.

“Jueza se excedió”

Pero Ordeñana aseguró que la juez se excedió en su veredicto. Según él, la transnacional orquestó una conspiración utilizando a los mexicanos Francisco Valadez Valadez, José Luis Cascante y al costarricense Luis Madrigal, quienes ofrecieron jugosas sumas de dinero, casas y visas estadounidenses a ex trabajadores del banano para que declararan en contra de sus propios compañeros, y afectar así la lucha emprendida desde hace siete años.

“Y lo consiguieron, porque la jueza Chaney aceptó declaraciones de testigos a través de videos ofrecidos a agentes de la Dole en Nicaragua y Costa Rica. Les cubrieron la cara y les cambiaron la voz. Increíblemente la jueza a eso le dio valor como pruebas irrefutables. Al doctor Juan José Domínguez y a mí, la juez Chaney nos juzgó, sentenció y nos mandó a la silla eléctrica sin habernos escuchado”, afirmó el abogado, quien agregó que cuenta con el apoyo incondicional de sus representados.

Catalogó la decisión de Chaney como injusta, inhumana y violatoria de las normas de derecho constitucional. Fue “como una pelea entre burro amarrado y tigre suelto”, comparó.

Llamado a autoridades nacionales

El representante dijo que la decisión de Victoria Chaney es un golpe a los más de 4 mil muertos y a centenares que están graves consecuencia de la afectación del pesticida, usado por las empresas transnacionales a sabiendas de los daños que provocaba.

Instó al gobierno, al Poder Judicial, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Cancillería, a elevar una nota de protesta contra la decisión de la judicial.

Aseguró que no fue notificado de la denuncia por fraude, por lo que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por abuso de poder de parte de la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles.

“Ha violado mis derechos constitucionales y humanos al no haberme escuchado y notificado. Estoy en indefensión”, expresó Hernández Ordeñana.

También afirmó que Socorro Toruño, jueza segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, señalada de actuar incorrectamente por parte de la judicial estadounidense, no ha emitido fallos a favor de las oficinas legales para los bananeros.

El abogado se mostró sorprendido acerca del repentino cambio de parecer de parte de la jueza Chaney, quien emitió una sentencia a favor de seis representados del caso Téllez, y mandó a varias empresas transnacionales a indemnizarlos por daños morales y punitivos. Ese caso y el conocido como Mejía, que representa a 11 afectados por el pesticida, están actualmente en proceso de apelación por parte de esas compañías.

En pie de lucha

Jorge Velasco, representante del bufete Provost Umper, quien representa a miles de perjudicados por el Nemagón y Fumazone, dijo que la intención de las compañías, en complicidad con la jueza Chaney, es quitarse de encima una realidad, como son las afecciones sufridas por miles de ex bananeros.

“Es con influencias, con dinero de parte de emisarios de la Dole que han venido a Nicaragua a sobornar gente, ofreciéndoles a nuestros representados hasta cincuenta mil dólares, aprovechando la difícil situación económica para entorpecer la lucha”, expresó Velasco, quien tildó de mercenarios a los dos mexicanos y al costarricense.


Guillermo Vivas, líder de afectados por Nemagón instalados frente al Parlamento:

“Seguiremos peleando”


Mauricio Miranda
Guillermo Vivas, Coordinador de las familias campesinas afectadas por el pesticida Nemagón y que se encuentran asentadas frente a la Asamblea Nacional, sostuvo que no se moverán de ese lugar ni dejarán de reclamar indemnizaciones por daños a su salud, pese a que una jueza estadounidense desechó esta semana la posibilidad de entablar demandas en contra de la transnacional Dole Food Company.

“Nosotros no podemos abandonar esta lucha por eso que están diciendo allá (en Estados Unidos), porque sería la palabra de ellos, aunque sean potencia, contra la palabra de nosotros, que somos los afectados”, aseveró Vivas.

“Repudiamos a esta jueza, lo que sale diciendo en el periódico y a nivel mundial. Vamos a redoblar esfuerzos y vamos a seguir peleando todavía, porque mientras estemos vivos, lo vamos a hacer. Nunca nos van a mover de aquí”, afirmó el líder campesino.

“Roban nuestros derechos”

Vivas fue categórico. Expresó que el grupo que él representa, unas 600 personas que llevan más de dos años de vivir frente a las instalaciones del Parlamento en Managua, ya no tiene ningún vínculo con el grupo de asesores legales del bufete del abogado Juan José Domínguez.

Señaló que éste se encarga de la asesoría legal a campesinos afectados que actualmente se encuentran en la ciudad de León y Chinandega. Pero aunque criticó la manera como dicho grupo de abogados ha manejado el caso de los demandantes en los últimos años, rechazó que una autoridad judicial estadounidense dé por finalizados los reclamos de los ex trabajadores de las bananeras.

“Eso lo repudiamos totalmente. Ellos han dicho desde 2004 que nosotros no tenemos derecho a reclamar, y que los casos están cerrados a nivel internacional. Pero nosotros no aceptamos, porque están robándonos un derecho que nosotros tenemos”, reiteró Vivas, respaldado por varios campesinos y desde el interior de una champa de plástico y cartón.

“Acusaciones gravísimas”

La jueza Victoria Chaney lanzó fuertes golpes al Poder Judicial de Nicaragua, al afirmar que jueces “corruptos” de este país se confabularon con los abogados Juan José Domínguez y Antonio Hernández Ordeñana.

Tales acusaciones levantaron reacciones, como la del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Gonzalo Carrión, abogado de dicho organismo, instó a los señalados por la jueza estadounidense a aclarar las “gravísimas acusaciones”.

“Esas imputaciones son gravísimas, aquí y en cualquier parte. Y particularmente súper gravísimas porque vendría a ser un golpe fuerte en contra de las pretensiones de lo que se consideran las demandas legítimas de los afectados por el Nemagón”, dijo Carrión.

Aclaró que las denuncias de la jueza Chaney “no las considero como algo definitivo”, pero insistió en la necesidad de esclarecer el asunto ante la opinión pública, y ante los cientos de familias campesinas que aún esperan alguna indemnización.

“La sentencia de la jueza hace alusión a abogados litigantes corruptos, en complicidad con el Poder Judicial, al que también lo acusa de corrupto. Por eso es que es necesario desmentir pronto esta sentencia”, afirmó el abogado del Cenidh.