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Las reformas al reglamento general de la Ley de Seguridad Social de Nicaragua, en las que se manda aumentar los aportes de las empresas, asegurados y pensionados para resolver la crisis financiera que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), fueron oficializadas la tarde de ayer mediante su publicación en La Gaceta. 

El decreto 03-2018, firmado por el presidente Daniel Ortega, ordena incrementar a partir de julio el aporte de los asegurados en 0.75%, lo que significa que pasará del 6.25% al 7% y el aporte de los empresarios de 19% a 21% a partir de julio de este año, también el sector privado tendrá dos aumentos, uno en 2019 y otro en 2020, para alcanzar 22.5%. 

El decreto oficializa los anuncios hechos el pasado lunes por el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López. 

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Luego, la cuota ascenderá en enero de 2019 y 2020 llegará a 22.5%. Significa que en estos tres años se le aplicará a las empresas un incremento de 3.5 puntos porcentuales.

Las medidas incluyen también una deducción del 5% a las pensiones de los jubilados, como aporte de estos para la rama de enfermedad y maternidad.

Seguridad Social ha sufrido cuatro cambios en menos de 20 años

Las reformas al reglamento general del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) anunciadas el lunes pasado por Gobierno son las cuartas que se realizan en un lapso de 18 años en el país.

Las reformas en cuestión ocurrieron a través de decretos presidenciales en los años 2000, 2010, 2013 y ahora en 2018.

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Al hacer un recorrido por los distintos momentos en los que se ha modificado el sistema de seguro social, el especialista en el tema Manuel Israel Ruiz explica que en 1982 se promulga la Ley de Seguridad Social, Ley 974, la cual deja establecidas las tasas de aporte en las distintas ramas patrimoniales que integran el régimen de seguridad social.

“Esta ley, en el Artículo 11 establece para seguro de InvaLidez, Vejez y Muerte (IVM) 3.5% a cargo del empleador, en adición el riesgo profesional a cargo del empleador era 1.5%, entonces entre IVM y Riesgo Profesional el empleador pagaba 5%. Mientras que el empleado aportaba 1.75% y el Estado 0.25%, es decir, en total para esta rama se aportaba 7%”, explica el especialista.

A renglón seguido agrega que “para la rama de enfermedad el empleador pagaba el 6% y el 2.25% el trabajador, y el 0.5% el Estado, para totalizar 8.75%. Eso es lo que había con esta ley”.

Primeras reformas

La fuente compartió que la reforma del año 2000, realizada bajo la administración del exmandatario Arnoldo Alemán, surgió en un contexto en el cual se propiciaba la privatización de los servicios públicos y se quiso hacer lo mismo con la seguridad social, creándose para ello la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley 340).

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“Esa ley iba a sustituir al INSS por un sistema privado, en esas circunstancias el doctor (Arnoldo) Alemán, presidente de la República, hace el decreto 32-2000, publicado en la Gaceta 76 del 24 de abril del 2000, con los que se modifican los aportes, en el patronal pasa del 3.5% a 6% y el trabajador en vez de 1.75% pasa a 4%, y se quita el aporte del Estado (0.25)”, explicó Ruiz.

Diez años después, el presidente de la República promulga el  Decreto 95-2009, publicado en La Gaceta 4, del 7 de enero del año 2010 y sube nuevamente los aportes, el empleador pasa a pagar 7% y el trabajador paga 6.25%.

En 2013, con el Decreto 39-221 publicado en La Gaceta 242 del 20 de diciembre, quedó plasmado el compromiso del sector empresarial de elevar gradualmente el aporte patronal al sistema hasta completar un 3%, distribuidos con el 1% durante los años 2014 y 2015 y 0.5% en 2016 y 2017, respectivamente.

También se elevan los techos máximos cotizables y se reactiva el cobro del 0.25% laboral para financiar las pensiones a las víctimas de guerra.

Debilidades

El especialista asegura que las más recientes reformas son las únicas en las que se han modificados los aportes de todos los involucrados en sistema, incluidos los jubilados.

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No obstante, sostiene que aunque todas las reformas han propiciado una mayor recaudación de recursos para el INSS, no se resolvieron los problemas actuariales de la institución debido a que estos “recursos lamentablemente no se han manejado en forma separada y eso hace que hoy por hoy no sepamos cuál de las ramas que integran el seguro social es la deficitaria”.

Al consultársele cómo funciona la distribución de las cuotas en las diferentes ramas (Enfermedad y Maternidad; Invalidez, Vejez y Muerte IVM, Riesgos Profesionales y Víctima de Guerra), Ruiz afirmó que deben manejarse de manera patrimonial y separada, ahí radica el éxito del seguro social.

“Por eso es que efectivamente necesitamos saber la rama que está pagando las pensiones no contributivas, que existen a través del decreto 331, 326 y Ley 1141”, afirma Ruiz.

Lo anterior solo se consigue, afirma el especialista, a través de un estudio actuarial “que realmente pueda indicar cuál de las ramas es la que está ya fatigada y deficitaria, porque de otra manera está manejándose como un bolsón donde eso es incorrecto”, dijo.

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Problema es estructural

Para el especialista tampoco el incremento de la edad de jubilación, así como las semanas cotizadas sería una solución real mientras no se resuelva el problema estructural y citó como ejemplo para su argumento que “de cada 100 trabajadores que entran en un año X, solo llegan con las 750 semanas o más el 40%. El otro 60% cotizó una semana en el año, dos semanas, por lo tanto hay alta rotación en el INSS, de manera que no son medidas adecuadas. Aquí es entrar a fondo a los problemas del INSS y luego ver el aporte de los tres sectores, esa sí sería una reforma integral para un tiempo de 20 o 30 años”, dijo.