Rafael Lara
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Aunque la explotación sexual en menores de edad y la trata de personas se supone que son temas de prioridad en la agenda institucional, en los diez casos procesados en 2008, únicamente dos personas fueron condenadas por estos delitos.

Sobre esto comenta la fiscal Odette Leytón Delgado, Directora de la Unidad de Género del Ministerio Público, quien señala que a pesar de existir una normativa penal adecuada para estos casos, son delitos difíciles de probar, principalmente cuando la víctima muchas veces no se siente como tal.

“Las unidades especializadas, a través de la Unidad Contra el Crimen Organizado y la de Género, lo abordamos de manera profunda, con planes específicos y estratégicos, con el Departamento de Delitos Especiales y con otras instituciones como el Ministerio de la Familia y de Educación. El año pasado, de diez personas acusadas por estos delitos, logramos obtener dos condenas, una en Chinandega y la otra en Managua”, añadió.

Crece explotación de adultas

Indicó que como oficina que persigue estos delitos, identificaron que las niñas, niños y adolescentes son los más susceptibles ante este fenómeno, sin embargo, últimamente se ha incrementado el número de mujeres adultas en el delito de trata de personas, que al igual son objeto de engaños bajo las promesas de una vida mejor o un empleo en el exterior, donde ellas terminan siendo explotadas sexualmente en otros países de la región centroamericana, en especial Guatemala, Costa Rica y El Salvador.

“La mayoría de los casos reportados está en investigación, y por el momento no tenemos cifras concretas”, dijo la especialista, aclarando que la trata de personas también tiene que ver con la servidumbre doméstica, industrial, la adopción ilegal y el tráfico de órganos.

Señala que estos delitos no tienen que ver sólo con un país, sino con varios, e involucra al crimen organizado, por lo que solicitó la colaboración de las fiscalías de otros países para tener más efectividad.

“Nicaragua es un país de origen, un proveedor, no de destino”, manifestó la funcionaria, agregando que no sólo son trasladados al exterior, también hay trata interna. Desde las comarcas más alejadas, como San Juan de Río Coco, muchas jovencitas son llevadas a las ciudades para ser explotadas sexualmente.

Principales obstáculos

La fiscal mencionó que entre los problemas que impiden acabar con estos delitos sexuales contra las menores de edad están la falta de oportunidades de empleo y de educación para ellas, en su búsqueda de reivindicarlas socialmente.

Por otra parte, agregó, es necesario que tengan conciencia de que son explotadas, sin embargo, muchas miran a su explotador como un benefactor, haciendo que ellas mismas los protejan.

Asimismo, está la necesidad de concienciar a los operadores de justicia, principalmente a los jueces, para cambiar su mentalidad. Al igual que la mayoría de la sociedad, piensan que la víctima buscó caer en el problema o que lo hace por su “gusto”. En esto trabajan con la Organización Internacional del Trabajo y Save the Children, que apoyan en el proceso de fortalecimiento institucional con capacitación técnica a fiscales.

Imposible medir magnitud del problema

Tanto representantes del Ministerio Público, como de la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas, concordaron en que la mayoría de las menores de edad desaparecidas, son en realidad víctimas de los explotadores sexuales y de la trata de personas.

“Las estadísticas, no sólo en Nicaragua, sino a nivel regional centroamericano, revelan que en el caso de las desapariciones, un porcentaje alto se convierte en víctima de la trata de personas en sus distintas modalidades”, expresó Eloy Francisco Izabá Acuña, Secretario Ejecutivo de la coalición, agregando que a pesar de que esto ocurre frecuentemente, la cantidad de casos es reducida porque el delito se desarrolla en la clandestinidad, haciendo prácticamente imposible medir su magnitud.

Indicó que es importante destacar que, desde la coalición, se está impulsando una serie de proyectos, entre éstos la sensibilización de los jueces para el combate de esta problemática. También se tiene previsto desarrollar otro plan de acción que se pondrá en marcha a través del programa “Amor”, del Ministerio de la Familia.