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La Iglesia Católica de Nicaragua aceptó hoy mediar en un diálogo solicitado por la empresa privada y el cual ya ha sido aceptado por el gobierno de Daniel Ortega.

La decisión se toma luego de una violenta semana de protestas en Nicaragua en contra de unas reformas al INSS, que dejaron a 30 personas muertas, y centenares de heridos y arrestados.

El cadenal Leopoldo Brenes, quien leyó un comunicado de la Conferencia Episcopal, dijo que la iglesia Católica llegará como garante al diálogo "con un sincero espíritu de hacer patria".

Brenes dijo que la iglesia Católica queda a la espera de que gobierno, trabajadores y empresarios acepten la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en el diálogo, que todavía no tiene fecha para comenzar.

Tras leer el comunicado de la Conferencia Episcopal, Brenes se levantó y no respondió preguntas a los periodistas.

Por el momento, para el diálogo queda pendiente que las partes designen a sus representantes y definan cuándo comenzarán a trabajar.

Las protestas dejaron en Nicaragua a unas 30 personas murtas. Orlando Valenzuela/END

Cosep visita a obispos

Más temprano, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, se reunió con la Conferencia Episcopal, en busca de respaldo para el diálogo con el gobierno.

La propuesta de que la iglesia Católica sea garante de un diálogo entre gobierno, empresarios y trabajadores surgió durante la crisis desatada en Nicaragua por las reformas al INSS, que aumentaban las cotizaciones.

El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes. Oscar Sánchez/END

Esa reforma al INSS ha sido revocada debido a las protestas que generó y en el diálogo se negociará una nueva propuesta.

El sector privado ha pedido que en el diálogo tengan presencia los estudiantes universitarios, quienes han liderado las manifestaciones en contra de las reformas al INSS.

En este diálogo, sin embargo, las partes coinciden en que no solo se abordará la crisis del INSS, sino que habrá otros temas de interés nacional.

El gobierno ha dicho que le interesa discutir sobre la seguridad ciudadana, combate a las pandillas delincuenciales y exoneraciones y subvenciones al sector privado.

Los empresarios, en tanto, han explicado que desean incluir temas relacionados con las garantías constitucionales, sistema electoral, estado de derecho y seguridad jurídica, entre otros.