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Al menos 18 de los fallecidos durante las protestas eran estudiantes, confirmó este viernes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), organismo que ha constatado la muerte de 37 personas en las manifestaciones que iniciaron el miércoles 18 de abril y hoy cumplen 11 días.

También se contabiliza la muerte de dos policías, un periodista y 16 pobladores de municipios de Managua, León, Matagalpa, Estelí y Masaya, indicaron ayer los directivos del Cenidh.

Las muertes ocurrieron entre el jueves 19 y el miércoles 25 de abril, y se originaron durante las protestas por las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), revocadas el domingo 22 de abril.

Aunque la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) sostiene que han muerto 63 personas, por la misma causa, solo 45 muertes habían sido confirmadas hasta ayer con los familiares de las víctimas, precisó Denis Darce, representante de ese organismo.

“El 60% de los que fallecieron son jóvenes menores de 30 años. Solamente hay una mujer en la lista, que es la oficial de policía, y hay entre cinco y siete adolescentes de entre los 15 y 17 años”, declaró Darce a El Nuevo Diario. 

En la Upoli

En el puesto médico de la Upoli, conformado por estudiantes, enfermeras, médicos y acompañado por defensores de los derechos humanos, atendieron a 15 personas que fallecieron, en su mayoría por impactos de armas de fuego.

La CPDH también registra a 15 personas desaparecidas. Estas no han sido encontradas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, ni en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua.

“Todavía estamos en el proceso de revisión. Como no hay información oficial, es difícil poder establecer números o datos exactos para ser reportados como desaparecidos o saber si están en la cárcel o en algún hospital”, afirmó Darce. 

Denuncias

Decenas de personas que habían sido capturadas durante los primeros cinco días de protestas, han interpuesto denuncias ante la CPDH expresando temor por su integridad física y la de sus familias.

De acuerdo con registros de la organización, solo el jueves se presentaron 20 recursos de amparo de quienes fueron liberados, pero que tienen miedo de ser víctimas de represalias.

Las mismas familias han manifestado ante la CPDH que se sienten “fichados” porque presuntamente los detenidos habrían brindado información de hasta ocho familiares cercanos mientras estuvieron retenidos en el Sistema Penitenciario o en Auxilio Judicial.

“Dijeron que cuando los liberaron les advirtieron que no podían decir nada, (no podían) declarar las situaciones que ellos vivieron. Ellos (los detenidos) sabían que las autoridades tenían información de ellos y sus familias”, afirmó Darce, de la CPDH.

La Policía Nacional informó el martes que todas las personas que habían sido detenidas durante los disturbios fueron liberadas, pero sin precisar la cantidad total. Los familiares de los presos también habrían denunciado ante organizaciones de derechos humanos que la institución policial mantuvo una postura “hermética” al facilitar la información y que no expuso ante los pobladores la lista total de detenidos.

“Nuestra mayor preocupación es que hay un hermetismo de las instituciones del Estado para dar información respecto a la cantidad de personas que fueron detenidas, cuántas han sido liberadas y cuántas han sido acusadas o serán procesadas penalmente”, recalcó Darce.

Exigen investigación por muerte de universitario en León

Familiares del universitario Cristhiam Emilio Cadenas, de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado en uno de los inmuebles incendiados en el centro histórico de León, el viernes 20 de abril, tras las protestas en contra de las reformas al Seguro Social, demandan a las autoridades una investigación para esclarecer las circunstancias en las que falleció.

Cadenas, quien se unió a la protesta respaldada por la sociedad civil, era estudiante de segundo año de Agroecología y miembro del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León).

Eva Salinas, cónyuge de Cadenas, afirmó que el cadáver estaba irreconocible, tenía cercenados los brazos, los pies y carecía de dentadura. También presentaba una lesión en la pierna y en el estómago.

“Es ilógico creer que Cristhiam (Cadenas) cayó del techo del inmueble porque en el lugar que fue encontrado no había ni un solo pedazo de teja, además sus pertenencias estaban intactas, no estaban quemadas, es absurdo que él haya muerto quemado”, expresó Salinas, quien aseguró que acudirá a los organismos defensores de los derechos humanos.

Alejandro Sarria Cadenas, hermano del difunto, sospecha que llegaron a poner el cuerpo luego de ocurrido el incendio. “Aquí en León este caso está callado, solo la universidad está mandando a poner mantas y sin permiso de la familia y eso no debe de ser así, lo que quiero es que esclarezcan su muerte”, resaltó.

El incendio inició en el edificio esquinero del CUUN y luego se extendió hacia otros seis inmuebles aledaños. El Benemérito Cuerpo de Bomberos se presentó a lo inmediato a sofocar el siniestro.

En Estelí, los padres de los dos universitarios muertos en esa ciudad durante las protestas demandan esclarecer los hechos y que se castigue a quienes resulten culpables.

“Conocemos de forma extraoficial que están en la sala de cirugía dos personas (sexo masculino) lesionadas, una por impactos de bala y la otra por pedradas, y otra en la Unidad de Cuidados Intensivos,” informó Meyling Gutiérrez del Cenidh.

La profesora Socorro Corrales Pérez, madre de Orlando Francisco Pérez Corrales, quien era estudiante del quinto año de la carrera de Energías Renovables en la Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí, dijo que espera que la muerte de su hijo sea aclarada.

Informó que en la delegación departamental de la Policía Nacional le prometieron que esos hechos serán esclarecidos.

Juan Santiago Valdivia López, padre del joven Franco Alexander Valdivia Machado, dijo que espera que se haga justicia. “Mi hijo era una persona pacífica con toda una vida por delante, estaba por recibirse de la carrera de Derecho en la Unival de Estelí”, declaró.

Dijo que ellos, como familiares de Franco, interpusieron oficialmente en la Policía Nacional la denuncia sobre los hechos el lunes 23 de abril. “Nosotros soportaremos el tiempo que sea con tal que se haga justicia”, indicó.

Agregó que este viernes los atendió el comisionado mayor Alejandro Ruiz, jefe de la Policía Nacional en Estelí, y les prometió que las muertes de los jóvenes y otros hechos donde resultaron heridos otros universitarios serán investigadas.

En la mañana de este viernes, luego de una celebración religiosa oficiada por un diácono de la Iglesia católica, los familiares, amigos y vecinos sepultaron a Edwin Gómez, un joven que murió cinco días después de ser herido de bala cuando se unió a la protesta de los jóvenes de la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua.