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En un comunicado conjunto el sector privado dio a conocer sus puntos de agenda para el diálogo nacional convocado por el Gobierno, solicitando una investigación “independiente y creíble” sobre las muertes registradas en las protestas de abril, reformas profundas al Poder Electoral y en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la reconstrucción del estado de derecho en el país.

El comunicado está firmado por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobapn), el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas sus Cámaras y Consejeros y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Ernesto Medina, en representación de la academia; María Nelly Rivas, presidenta de AmCham; José Adán Aguerri, presidente del Cosep; Leonardo Torres, presidente de Conimipyme; y Ariel Granera, presidente de Unirse. Foto: Manuel Bejarano/END.

Estas organizaciones confirmaron como sus representantes en el diálogo nacional a José Adán Aguerri, María Nelly Rivas, Juan Sebastián Chamorro, Michael Healy y Álvaro Vargas.

“Nosotros, el sector privado nicaragüense, conscientes de los momentos que vivimos, comprometidos con el desarrollo del país, expresamos nuestra confianza y total respaldo a la Conferencia Episcopal en su papel de mediador y testigo en el diálogo nacional, el cual se debe instalar de inmediato en el Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima”, destaca el comunicado.

Según la empresa privada, “es fundamental reconstruir el estado de derecho, dentro del marco institucional establecido por la Constitución y las leyes para responder pacífica y democráticamente a las demandas sociales, políticas, jurídicas y económicas de todos los sectores de la sociedad”.

Puntos de agenda

La propuesta de temas de los empresarios comprende la apertura de una investigación “independiente y creíble”, con la participación de organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria, “que investigue y ponga ante la justicia a los responsables de los crímenes ocurridos durante las protestas de abril”. Igualmente, que se respete la integridad de quienes se han manifestado y de sus familias.

Además, proponen reformas al sistema electoral que incluyan la implementación “a lo inmediato” de las recomendaciones de los informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia electoral y de partidos políticos, la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la observación electoral independiente, nacional e internacional, “para garantizar elecciones libres y transparentes, respetando la voluntad de los nicaragüenses”.

Exigen resolver el problema de sostenibilidad y transparencia del INSS

El cuarto punto de agenda propuesto por el sector privado tiene que ver con la implementación de reformas institucionales “que garanticen el estado de derecho, la independencia de los poderes del Estado y la eliminación de la corrupción”.

Finalmente, exigen resolver el problema de sostenibilidad y transparencia del INSS, incluyendo cambios de autoridades, y hacer propuestas al diálogo nacional de reformas que den viabilidad financiera a la seguridad social y el inicio “a lo inmediato” de una auditoría forense e integral de la institución.

“El cumplimiento de estos puntos iniciará el restablecimiento de un clima de estabilidad y paz, tan necesarios para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza”, afirman los empresarios.

Los antimotines impidieron el acceso de los manifestantes a las cercanías del parlamento. Foto: Alejandro Sánchez/END

Agregan que en Nicaragua es vital buscar soluciones a favor de la justicia y la democracia “evitando más dolor y derramamiento de sangre entre nicaragüenses”.

“Tenemos la convicción que el diálogo efectivo, amplio, inclusivo y confiable debería ser la única salida a la situación actual para asegurar un país más justo y democrático”, concluyen.