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CHINANDEGA

Socorro Toruño, Juez Segundo Civil y Laboral del departamento de Chinandega, declaró a EL NUEVO DIARIO que la jueza Victoria Chaney, de la Corte Superior de Los Ángeles, California, quien la criticó de haber cometido algunas irregularidades en sentencias a favor de miles de afectados por el Nemagón y Fumazone, no pertenece “a la corte celestial”.

“No me inmuta lo que digan los extranjeros. Aquí tenemos autonomía y dignidad. No debe dársele trascendencia e importancia a lo que ella diga. Ella manda allá, yo aquí”, expresó la doctora Toruño, quien emitió el 8 de agosto de 2005 y el primero de diciembre de 2006, dos juicios históricos a favor de 1,901 perjudicados por el pesticida, y mandó a varias empresas transnacionales del banano a indemnizarlos con montos generales de 900 millones de dólares.

Los favorecidos con la sentencia son representados por el Bufete Provost Umper, uno de los grupos de abogados que llevan varias causas contra la Dole Food Company y contra otras empresas. Toruño aseguró que no ha emitido ningún fallo a favor de representados por las oficinas legales de los bananeros, representadas por el juez estadounidense Juan José Domínguez y por el chinandegano Antonio Hernández Ordeñana.

Lo extraño es que la juez Chaney, tras varios días de audiencia, rechazó continuar dos demandas por presuntos daños del pesticida DBCP a 17 representados por el bufete descrito, y acusó a los dos juristas de confabularse con jueces nicaragüenses “corruptos” para cometer fraude contra el sistema judicial norteamericano y tratar de estafar con más de dos millones de dólares, consignados en 40 demandas de 10 mil personas contra Dole, y contra otras siete empresas acusadas de ocultar información sobre el Nemagón y permitir daños físicos y morales a los obreros de las plantaciones de la fruta.

Chaney concretamente señaló que la juez Toruño, quien fue la que emitió varias sentencias, se había reunido con varias firmas de abogados estadounidenses y nicaragüenses, y laboratorios, para enviarles a los demandantes, y así lograr informes médicos falsos para usarlos en los juicios.

Jorge Velasco, representante del Bufete Provost Umper dijo que hay pruebas irrefutables de los daños ocasionados por el pesticida, y las transnacionales temen a esa realidad y buscan cómo borrar las evidencias. Añadió que la juez Toruño, actuó apegada a derecho.

Por su parte, Antonio Hernández Ordeñana, quien se siente indefenso debido a que Chaney “nos juzgó, sentenció y nos mandó a la silla eléctrica sin habernos escuchado, y dio lugar a testimonios grabados en videos de declarantes contra los perjudicados del pesticida para desvirtuar la lucha emprendida hace siete años. Además, durante los tres días de alegato, el mexicano Francisco Valadez, quien ofreció sobornos a bananeros a favor de la Dole, actualmente acusado por Hernández en un juzgado de Chinandega, declaró ante la juez de Los Ángeles”, dijo el jurista.

Añadió que la judicial de Los Ángeles descalifica a la doctora Toruño, como parte de una estrategia para desestimar los dos fallos emitidos por ella a favor de representados por el Bufete Provost Umper. “Toruño no ha fallado a favor de ningún caso nuestro, lo puedo demostrar con absoluta certeza”, afirmó.


Chaney debe demostrar
Al preguntarle qué pruebas tiene Chaney para descalificarla, Toruño dijo que habría que preguntarle a la juez de Los Ángeles, porque ella respeta a los demás. “La parte que pierde generalmente la emprende contra el juzgador si no gana el juicio; no conozco a esa señora, me gusta respetar a las personas y la soberanía de otros países”, dijo la juez segundo de Distrito Civil y Laboral del departamento de Chinandega.

En cuanto a la lucha que libran los afectados por el Nemagón y por el Fumazone, la cual ha recibido severo golpe por parte de la jueza Chaney, la jueza Toruño manifestó que “no puedo constituirme en defensora de los demandantes, si triunfan bien, si no, igual. No tengo absolutamente nada que ver en ese asunto”, aseguró.

Sentencias “históricas”

Las dos sentencias emitidas por Toruño fueron catalogadas como históricas, porque con pruebas de laboratorio, exámenes, visitas a plantaciones y entrevistas con miles de afectados, se demostró la culpabilidad de las empresas transnacionales, que a sabiendas del daño que provocaba el pesticida, lo aplicaron en las décadas del 60 y del 70 en el occidente de Nicaragua.

La juez chinandegana dijo que en presencia de representantes del Bufete Provost Umper y de las empresas demandadas, se hicieron las pruebas en un laboratorio de gran prestigio en esta ciudad.

El abogado Antonio Hernández Ordeñana y Jorge Velasco dijeron que miles de ex trabajadores del banano han fallecido debido a afecciones provocadas por el pesticida, y otros están a punto de perecer, por lo que la juez Chaney debe reflexionar, porque no conoce la realidad de estas personas debido a que “ella vive otra realidad y favoreció a la Dole al tomar en cuenta informes de los agentes de esa transnacional, los mexicanos Francisco Valadez Valadez y José Luis Cascante, y el costarricense Luis Madrigal, quienes ofrecieron jugosas sumas de dinero, casa y visa norteamericana a ex trabajadores del banano para que declararan contra sus propios compañeros”, aseguró Hernández Ordeñana.