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Aunque no acusó directamente al ex presidente Arnoldo Alemán, el ex ministro Pedro Solórzano denunció que existe una vendetta política cuya autoría atribuyó a “la influenza porcina que está dónde ustedes ya saben”.

“De viaje se ve que esto es una vendetta política de una persona que no perdona: después de haber hecho lo que hizo --de haberme pasado la raya--, después se sumaron otras cosas como el voto 47 y él no perdona eso, y por eso es que existen todas estas cosas”, destacó Solórzano.

El ex ministro tuvo que sentarse ayer en el banquillo de los acusados, pero el juez Séptimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, suspendió la audiencia para mandar a preguntar a los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua --quienes ampararon a Solórzano en 2007-- si ya habían resuelto el fondo del asunto para decidir si admitía o no la acusación contra Solórzano y contra el ex secretario general del MTI, Alejandro Ríos, y si les aplica medidas cautelares o no.

Ya llevan 18, dice

“Todas estas acusaciones son porque en la primera no encontraron nada, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, y han llegado a 18. Aquí tengo yo mi pasaporte, y he salido 17 veces tanto a Costa Rica como a Estados Unidos, porque tengo mi visa por diez años y todo, y no me he ido del país porque soy un hombre limpio”, reiteró el ex ministro.

La Fiscalía y la Procuraduría acusan a Solórzano y al ex secretario general del MTI, Alejandro Ríos, porque en 2005 negociaron directamente e indemnizaron a 74 personas por cuyas propiedades pasaría la circunvalación de la Carretera Managua-Ticuantepe-Masaya-Granada, lo que habría provocados pérdidas al Estado por el orden de los 11 millones 31 mil 427 córdobas.

Según el fiscal Ernesto Hermida Baltodano y el procurador Hernaldo Chamorro, los dos funcionarios acusados debieron haber tramitado la declaratoria de utilidad pública de las tierras por donde iba a pasar la circunvalación, en vez de negociar con sus propietarios, porque ni siquiera tenían certeza de que en realidad éstos eran los dueños en derecho y posesión.

Además, ni siquiera se estableció una tabla de precios para indemnizarlos por las tierras afectadas, sin embargo, hasta los muros, árboles y cultivos les pagaron, lo que para la Fiscalía y la Procuraduría resulta inconcebible, porque como funcionarios públicos Solórzano y Ríos debieron haber velado por los intereses del Estado.

“No había tiempo”

El abogado de Solórzano y Ríos, Carlos José Bendaña, alegó que los derechos posesorios bien pueden ser objeto de comercio entre particulares, además, señaló que si el MTI hubiese tramitado la declaratoria de utilidad pública de 74 propiedades, aún estarían en el juicio, y el proyecto era de tal envergadura social que había que resolver rápidamente.

Agregó que el precio que pagaron por los 252 mil metros cuadrados de tierra por donde iba a pasar la carretera construida por la empresa Hispánica , es bajo, tomando en cuenta que por la misma pasan 40 mil vehículos diarios, además, señaló que había de indemnizar “racionalmente” a la gente por perder sus árboles de aguacate y demás cultivos.