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El segundo vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luis Ernesto Vargas Silva, condenó las muertes de nicaragüenses en enfrentamientos violentos durante la jornada de protestas contra el Gobierno iniciadas el 18 de abril.

“No somos insensibles a lo que haya ocurrido en Nicaragua recientemente (…). Nos duele”, expresó Vargas Silva durante una audiencia celebrada este lunes en República Dominicana,  en el marco del 168 período de sesiones de la CIDH.

Vargas Silva también se mostró “alarmado” ante la cantidad de muertes, que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) eleva a 59 y el Cenidh a 46.

“La cifra (de muertes) nos alarma”, señaló, agregando que rechazan enérgicamente “cualquier pérdida de vida humana que se presente en el desarrollo de una protesta social (…). Al margen del origen, de los gobiernos, del concepto que tengan, sean de izquierda o sean de derecha”.

La solicitud de visita

La relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola,  afirmó estar impactada por el aumento en las cifras de muertos y lesionados. “La comisión está pendiente de lo que está pasando en Nicaragua”, dijo la relatora, quien reiteró que la CIDH ha instalado un sistema de acompañamiento permanente para monitorear la situación del país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa a la espera de que el Estado de Nicaragua permita la entrada de este organismo internacional al país, para realizar una investigación sobre las muertes, desapariciones, aprehensiones y lesiones que ha dejado la jornada de protestas iniciada en abril.

“Hemos reiterado al Estado de Nicaragua la solicitud de poder visitar (el país) y esperemos que eso ocurra en un futuro cercano”, comentó Urrejola.

El pasado 26 de abril la CIDH solicitó al gobierno nicaragüense su autorización para ingresar al país e investigar lo ocurrido, pero este contestó que debían “aguardar los procesos internos”.

La audiencia

La audiencia de la CIDH de este lunes tenía el objetivo de abordar el tema de “Industrias extractivas y criminalización de personas defensoras” en Nicaragua, pero los ponentes cedieron una parte de su tiempo a defensores de derechos humanos para que denunciaran los hechos violentos en Nicaragua.

El Estado de Nicaragua, invitado a participar en esta audiencia, no se hizo presente. En cambio, el gobierno nicaragüense envió a la secretaría ejecutiva de la CIDH un informe en respuesta a las denuncias que los ambientalistas expusieron sobre las industrias extractivas.

“Lamentamos la ausencia del Estado (de Nicaragua). Creemos que esta es una instancia para poder recibir tanto las denuncias de la sociedad civil como también la perspectiva del Estado. Estimamos que es un momento que ambas partes deben aprovechar para poder dialogar y conversar”, declaró Urrejola.

Otro de los comisionados de la CIDH, Francisco José Eguiguren, comentó que la inasistencia del Estado de Nicaragua a la audiencia era “una oportunidad perdida y una obligación incumplida”, ya que las audiencias son “un escenario no solo de esclarecimiento de situaciones, sino de búsqueda de avances, de soluciones”.