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La lucha se les hizo vieja y solitaria. Desde que en 1999 comenzaron las demandas masivas contra Dole Food Company y otras compañías norteamericanas en tribunales de Nicaragua, los miles de demandantes del movimiento de afectados del Nemagón que iniciaron juntos la lucha, ahora están más divididos, olvidados y enterrados que nunca.

La decisión de la jueza Victoria Chaney, de la Corte Superior de Los Ángeles, California, de rechazar dos demandas de abogados que representaban a campesinos nicaragüenses que alegan afectaciones por exposición a la sustancia Nemagón, trajo a colación la penosa situación por la que atraviesa el movimiento campesino diez años después de iniciadas sus luchas.

Un grupo de unas mil personas afines al gobierno del presidente Daniel Ortega, pernocta permanentemente frente a la Asamblea Nacional, en un campamento de casuchas de cartón y plásticos negros; ven pasar el tiempo sin más esperanzas que la Procuraduría General de la República abogue por ellos para entablar diálogo con los representantes de las transnacionales.

De bananeros a rezadores

No están representados en ningún juicio, no tienen defensores privados y dependen del abogado del Estado, y, envueltos en el torbellino de la política, terminaron rezando en las rotondas de Managua, antes de dividirse y de abandonar el papel que el oficialismo les designó con todo y camisetas y gorras, con las frases de que “el amor es más fuerte que el odio”.

La noticia de la sentencia de Chaney, con todo y sus disposiciones y amenazas de entablar juicios por estafas, fraude y extorsión en Estados Unidos contra un grupo de ex compañeros de lucha, pasó por alto. Ni frío ni calor.

El principal grupo afectado, que en Estados Unidos representaba Juan José Domínguez, y en Chinandega Antonio Hernández Ordeñana, luce más golpeados que todos.

A ellos les botaron los casos, los amenazaron con contra-juicios por supuestos intentos de fraude contra Dole y contra el tribunal de Los Ángeles, y, para colmo, les cerraron las puertas a nuevas demandas y pruebas provenientes de Nicaragua. Si no cobran en Estados Unidos los juicios, ¿dónde más podrán demandar? Difícil respuesta para sus más de tres mil demandantes.

Al Bufete Provost Umphrey, el juez federal de Miami --donde ellos trataban de ejecutar una sentencia por 98 millones de dólares-- suspendió el proceso al recibir comunicación de Chaney, alertando de supuestas alteraciones y presentaciones de pruebas falsas en el juicio, según denunció a EL NUEVO DIARIO el abogado Jacinto Obregón Sánchez.

Esperanzas no mueren, agonizan

El jurista Boanerges Ojeda, del Bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados, se niega a creer que la decisión de la judicial estadounidense afecte sus casos radicados en Estados Unidos.

Bajo el argumento de que cada caso es distinto, cada juez independiente de criterio y las pruebas difieren en cada demanda, Ojeda confía en que ninguna de las disposiciones de Chaney los vaya afectar a su bufete y a sus más de 3,500 representados.

A pesar de ello, no le sorprende la jugada de Dole de lograr que la juez Chaney rechazara los casos del grupo Domínguez y los amenazar con acusarlos por delitos federales de estafa y otros como extorsión.

A él mismo y su bufete ya les habían intentado hacer algo similar. En 2003, apenas un año después de haber logrado una sentencia en Managua, las compañías los acusaron con una vieja ley contra mafias.

El caso entonces estaba bajo la jurisdicción de Nora M. Manella, de la Corte Central del Distrito de Los Ángeles, California, quien señaló a uno de los miembros del bufete, Walter Gutiérrez, de haber alterado la trascripción de las sentencias dictadas en Nicaragua en español, a las presentadas en Estados Unidos en inglés.

“Capos” y “terroristas”

Los abogados de las compañías americanas retomaron la observación de Manella y acusaron a Gutiérrez bajo una ley especial para tratar a mafiosos: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO, por sus siglas en inglés).

Ojeda recordó que la Ley Rico era una legislación federal contra el crimen organizado y la corrupción en organizaciones y empresas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso estadounidense y cuya creación original se pensó para combatir a las famosas mafias italo-americanas que, al mejor estilo de Al Capone y otros capos famosos, bañaron de sangre el suelo estadounidense en las clásicas guerras de familias.

En julio de 2004, la juez rechazó las acusaciones y declinó seguir viendo el caso mientras no se pronunciara una Corte de Apelaciones al respecto.

A este mismo grupo de abogados y a sus campesinos representados las mismas compañías los acusaron años después de “terroristas”. Montados en la onda antiterrorista del ex presidente George W. Bush, quien entonces veía como enemigo de Estados Unidos a casi todo el mundo, las transnacionales aprovecharon la ley para acusar a los campesinos y sus abogados de “conspirar” contra la nación del Norte.

El caso, igualmente, fue rechazado por los jueces estadounidenses al no hallar pruebas del “terrorismo” de los campesinos y éstos se salvaron de ir a Guantánamo.

Futuro cero

Finalmente está el grupo de Victorino Espinales, otrora líder indiscutible del movimiento, y hoy odiado y cuestionado por todos los grupos de demandantes. Esta porción de ex obreros organizados se preparan para discutir por sus medios, sin presencias de abogados, con representantes de las compañías.

“Preferimos luchar sin abogados porque temíamos lo que ahora está pasando”, dijo Espinales, en una actitud considerada como “cínica” por uno de los abogados que achaca al ex líder bananero parte de la culpa de la división de los obreros y el descalabro de juicios tras juicios.

Bajo la dirección de Espinales, los campesinos llamaron la atención: caminaron más de 140 kilómetros a pie, aprendieron a desnudarse en las calles, se enterraron hasta el cuello en tumbas simuladas, se colgaron de cruces, amenazaron con inmolarse, y asaltaron vías y parques.

Una década después se habla de una cifra arriba de dos mil ex trabajadores muertos en espera de justicia. Ninguna institución estatal da por válida la estadística y con la derrota en las cortes de Estados Unidos, la esperanza parece slogan oficial: Futuro Cero.