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  • ACAN-EFE

La Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas, llamó hoy a la comunidad universitaria de Nicaragua a defender "la vida de los estudiantes", cuando se cumplen 25 días de una crisis que ha dejado al menos 52 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, durante las protestas. 

"Exhortamos a la comunidad universitaria, estudiantes, directivos, docentes y trabajadores administrativos de todo el país, a asumir con determinación la defensa de la vida de los estudiantes y la inviolabilidad de los campus universitarios", declaró la UCA, en un comunicado.

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En reiteradas ocasiones los jóvenes que protestan agrupados en el Movimiento Estudiantil 19 de Abril, han insistido en que temen por sus vidas, ya que "ser estudiante en Nicaragua es un delito".

Muchos integrantes del movimiento están atrincherados en las sedes de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y la Universidad Nacional Agraria (UNA), donde las fuerzas del Gobierno no pueden ingresar debido a que la Constitución nicaragüense garantiza la autonomía de las universidades.

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"Condenamos la violencia con que el Gobierno continúa reprimiendo la legítima protesta pacífica de la ciudadanía que reclama justicia, restitución del Estado de Derecho y libertad de expresión. La violencia policial y de grupos paramilitares afines al Gobierno debe ser erradicada de inmediato", destacó la UCA, el alma mater privada más prestigiosa de Nicaragua.

La universidad agregó que "algunos individuos e instituciones que tienen mayores posibilidades de incidencia, deben hacer uso de su influencia para presionar con el cambio inmediato que urge en el contexto actual".

En el comunicado la UCA respaldó la exigencia de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), de "permitir en el menor tiempo posible el ingreso de la CIDH para investigar y aclarar las muertes y desapariciones".

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Hoy se cumplen 25 días de crisis en Nicaragua, a causa de multitudinarias protestas a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron con manifestaciones en rechazo a unas reformas a la seguridad social, y que continuaron debido a las muertes que dejaron los actos de represión.

Aunque se ha confirmado la muerte de 52 personas, entre ellas dos policías, un adolescente y un periodista, el número podría aumentar, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que tiene estrictos criterios de confirmación de víctimas, mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.

El Gobierno y el sector privado no tienen fecha de inicio, pero la Conferencia Episcopal (CEN) que participa como testigo y como mediadora, dio plazo hasta el mediodía del lunes para que Ortega dé pasos "creíbles" para la solución de la crisis.