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Son dos puntos clave los que podrían esperarse de la visita a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la instalación de un mecanismo de seguimiento que permita asegurar la investigación de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas de abril y el cese de la represión policial en manifestaciones ciudadanas a lo largo del país. 

De lo anterior está convencida la directora de programas para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la costarricense Marcia Aguiluz.  

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“La CIDH tiene facultades de monitoreo, y en el marco de sus capacidades puede crear mecanismos para ayudar a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales, siempre que el Estado tenga la voluntad de hacerlo”, aseguró Aguiluz, quien ha trabajado 12 años en el Cejil, una organización que defiende a personas cuyos derechos han sido vulnerados ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Aguiluz, quien fue también abogada responsable de la Cejil para los asuntos de Honduras y Nicaragua en litigios sobre violaciones de derechos humanos, expresó en entrevista a El Nuevo Diario, que la visita de la CIDH a Nicaragua es un paso trascendental, puesto que esta comisión no ha visitado el país desde 1992, debido a que “lamentablemente no ha tenido la anuencia del Estado”.  

Sin embargo, en esta ocasión, la CIDH ha revelado que se reunirá con autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil y otros actores relevantes para “poder tener un diagnóstico completo y adecuado de la situación de derechos humanos en el país”. 

Aguiluz señaló que también es probable que la CIDH se reúna con familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos y con los sectores que ocuparán un lugar en la mesa de diálogo. 

¿Qué expectativa deberían tener los nicaragüenses sobre esta visita de la CIDH?

Generalmente en este tipo de visitas ‘in loco’, la comisión emite recomendaciones a los Estados y en este contexto, en donde Nicaragua está claramente en una situación de crisis, esperaríamos de la comisión que más allá de recomendaciones generales, pueda analizar la situación de derechos humanos, pero también la condición de la institucionalidad. 

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Quisiéramos que la comisión valore si en Nicaragua existen condiciones para que se realice una investigación independiente sobre las violaciones de derechos humanos. Tendríamos la expectativa de que la comisión pueda ayudar a resolver esta demanda de las víctimas y de la sociedad civil, que es precisamente saber la verdad y cómo puede haber justicia respecto a lo que ha estado ocurriendo.

Otra expectativa es que a través de la visita de la comisión se logre cambiar la actitud del Estado en cuanto al tema de la represión en diversas protestas. Claramente, esperaríamos que esta anuencia del Estado de invitar a la CIDH implique que el Estado está dispuesto a cesar la represión contra la población y a cesar las prácticas de los grupos de choque que lamentablemente han actuado con la tolerancia de las autoridades.

Muchos piensan que la CIDH es un órgano que vendría a impartir justicia. En ese sentido, ¿hasta dónde llega el alcance de la Comisión?

La comisión no tiene el impacto de llegar a impartir justicia, esa es una responsabilidad de las instituciones nacionales. Pero la comisión sí podría, por ejemplo, crear un mecanismo de seguimiento para investigar las violaciones de derechos humanos.

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Recordemos que la Comisión Interamericana creó el grupo de expertos en México que investigó el caso de la desaparición de los 43 jóvenes (de Ayotzinapa). Eso lo hizo con la anuencia del Estado, se dio el marco de un procedimiento de medidas cautelares cuando desaparecieron los 43 jóvenes. Pero los expertos emitieron un informe y determinaron una serie de irregularidades. 

La CIDH tiene facultades de monitoreo, y en el marco de sus capacidades de monitoreo puede crear mecanismos para ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones internacionales, siempre que el Estado tenga la voluntad de hacerlo. Pero el juzgamiento de las personas responsables siempre le va a corresponder al Estado.

La Asamblea Nacional juramentó hace poco una Comisión de la Verdad para investigar, entre otras cosas, las muertes ocurridas durante las protestas. ¿Podría la CIDH valorar la eficacia de esta Comisión?

Por supuesto. Más allá que la eficacia, creo que la comisión tiene que empezar por analizar el nombramiento. Las comisiones de la verdad históricamente son comisiones que se nombran de manera participativa, en las que se hacen procesos previos, en las que se garantiza que haya representatividad, que haya inclusión, idoneidad de los integrantes. 

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Desde nuestra posición en Cejil, creemos que esta Comisión de la Verdad no reúne estos requisitos y esperaríamos que la CIDH también reconozca y ojalá logre el compromiso del Estado para que, si se va a hacer la Comisión de la Verdad, sea a partir de un proceso participativo donde los miembros sean independientes y que sean representativos de la sociedad nicaragüense. Yo tengo la expectativa de que será obligación de la comisión pronunciarse al respecto. 

Mencionó que una de las expectativas de la visita de la CIDH sería el cese de la represión. ¿Hay experiencias similares en otros países?

La CIDH ha viajado en contextos de crisis en numerosas ocasiones. En Argentina, en los años 70, recientemente a Honduras durante la crisis poselectoral. Sirve como un elemento de control, digamos, de que el Estado va a cesar la represión. Entonces nosotros creeríamos que si Nicaragua está anuente al ingreso de la comisión es porque está dispuesto a rendir algún tipo de cuentas. Tendríamos la expectativa de que la visita de la comisión permita el compromiso del Estado para que cese la represión.

En caso de que la CIDH elaborara un informe sobre su visita y este se presentara en la OEA, ¿qué impacto podría tener para Nicaragua?

El informe se hace público, y creo que la mayor importancia de ese informe son las recomendaciones y el seguimiento que se les pueda hacer. En realidad, no hay una presentación formal pero la OEA puede convocar a la CIDH para que informe sobre la misión y se puede abrir otro procedimiento paralelo que implicaría un seguimiento más político.

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Pero recordemos que la CIDH es un órgano independiente de la OEA. Le sirve como órgano técnico, pero no necesariamente las decisiones de la CIDH dependen de la OEA.

Antes de hacer públicas las recomendaciones, ¿la CIDH se las hace conocer al Estado?

Sí. Generalmente le pasan el borrador cuando ya está prácticamente listo, para que el Estado tenga la oportunidad de referirse o hacer observaciones. No observaciones de cambio porque la CIDH es un ente autónomo, pero sí se las pasa para que las conozcan previamente.

¿Qué pasaría si el Estado no cumpliera con las recomendaciones de la CIDH?

Si el Estado no cumpliera las recomendaciones, lamentablemente en el derecho internacional no hay sanciones muy claras. Normalmente, cuando un Estado no cumple una sentencia de la Corte Interamericana, se informa a la Asamblea General de la OEA y esta puede emitir acciones más de carácter político. 

De hecho, Nicaragua fue enviada a la Asamblea General de la OEA por el incumplimiento de la sentencia del caso Yatama y esta no reaccionó. Entonces, eso es un peso simbólico. Pero claro está que si Nicaragua no cumple, es un mensaje para la ciudadanía de que el Gobierno no tiene voluntad de diálogo ni de cambio. Yo creo que el mejor garante de que se cumplan las recomendaciones de la CIDH va a ser el pueblo nicaragüense.

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Ahora bien, la comisión sí tiene la posibilidad de conocer demandas contra el Estado de Nicaragua. Entonces, si Nicaragua no acata recomendaciones, si Nicaragua no garantiza justicia para las víctimas, eventualmente estas víctimas podrían presentar sus demandas ante la comisión y esto se traduciría en condenas para Nicaragua, en determinada cantidad de años.

Pero esos procesos serían a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?

Exactamente. Lo que pasa es que cualquier demanda que se presenta ante la corte tiene que iniciar el procedimiento en la comisión.  Pero esa es una vía de largo plazo, en promedio un caso dura diez años. En ese momento nos parecería que la prioridad es cómo la CIDH puede en este momento crear algún mecanismo que garantice justicia en el más corto plazo.

¿Cuánto tiempo le podría tomar a la CIDH venir a Nicaragua?

Generalmente las visitas de la CIDH requieren un tiempo de preparación previo. En este caso, atendiendo a la grave situación actual en Nicaragua, me parece que va a ser en un muy corto plazo. Yo diría que estará llegando si no a finales de esta semana, a inicios de la próxima.