Luis Galeano
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Carlos José Bendaña, el abogado defensor del ex ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, y del ex secretario general de esa entidad, Alejandro Ríos, en el caso del “Coyotepazo”, es esposo de María Luisa Gutiérrez, coordinadora jurídica de la Dirección General de Auditoría de la Contraloría, en donde se les impuso una presunción de responsabilidad penal por la que se inició dicho proceso.

El juez séptimo Penal de Audiencias, Abelardo Alvir, suspendió la audiencia para mandar a preguntar a los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua --quienes ampararon a Solórzano en 2007-- si ya habían resuelto el fondo del asunto para decidir si admitía o no la acusación contra Solórzano y Ríos.

La información del parentesco la confirmó vía telefónica el mismo Bendaña Jarquín, quien inmediatamente se escuchó molesto por la consulta de su relación marital, y descartó que la mismas tenga algo que ver con su trabajo como defensor de los ex funcionarios.

“Sí (María Luisa), es mi esposa, ¿por qué?”, increpó el abogado de Solórzano y de Ríos, al ser preguntado por la relación. Se le indicó que por el cargo que ocupa su esposa en la entidad fiscalizadora, conoció del caso cuando se realizó la auditoría relacionada a la compra y venta de terrenos ubicados en la ruta por la cual pasaría la circunvalación y esta fue su respuesta:
“¿Qué tiene que ver eso con el caso de Pedro?”, insistió el abogado, para luego añadir: “No tiene nada que ver ella, señor, y si quiere que le dé una entrevista se la doy personalmente”. Se le dijo de inmediato que indicara el sitio donde se le podía encontrar, pero a esas alturas ya había cortado la llamada.

Gutiérrez conoció del caso

El contralor Lino Hernández confirmó que cualquier caso de auditoría que es realizado por la Contraloría, es conocido por las coordinadoras jurídicas de esa Dirección: María Luisa Gutiérrez y Dulce María Salomon.

“No te podría decir en este caso quién era la encargada, pero aunque exista una encargada, los casos se consultan, entre ellas y el director de Auditorías para ver el enfoque legal que se le puede dar a determinado caso”, dijo Hernández.

“Posteriormente, el informe de la Dirección de Auditorías con los puntos de vistas legales y técnicos, pasa a la Dirección General Jurídica para que una vez revisado, se elabore un informe o borrador de resolución que es la que pasa a nuestras manos”, explicó el colegiado.