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El presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Armengol Cuadra, aseguró que el proyecto de sentencia en el caso del cártel de Sinaloa ya está listo, e incluso sólo falta la firma de un magistrado para declararlo firme.

Fuentes extraoficiales informaron que en la sentencia los magistrados de la Sala Penal resuelven no ha lugar al recurso de casación en cuanto a la forma y el fondo interpuesto por las defensas técnicas de los acusados, contra la sentencia dictada el 29 de octubre de 2007 por el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Managua, Sala Penal dos, que confirma la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Tipitapa, el 9 de julio de 2007.

Por tanto, los sancionados de origen mexicano David Ricardo Alvarado Zazueta, José Juvenal Mendoza González, Luis Valle Serrano, Jesús Flores Vega, Arturo Gaspar Rubio, Juan Rosales Castañeda, Emiliano Rodas Pérez y Carlos Arvizures Rodas, mantienen la condena de 12 años de prisión por ser autores directos del delito de financiamiento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas o las semillas o plantas de las cuales extraen, los que financien su cultivo, elaboración, fabricación, transportación o comercialización.

Otros sentenciados

Mientras tanto, la condena de los procesados Pedro Pablo Olivas, Carlos Gustavo Cisnados Pasos, Guillermo José Ramírez Martínez y Víctor Bonifacio Herrera Lanzas, pasó de 12 a 10 años de presidio, por ser cooperadores necesarios del delito de financiamiento de estupefacientes. El criterio para modular la pena fue valorar la anterior conducta de los acusados y el nivel académico (todos son agricultores, excepto Pasos, que es comerciante).

Para Juan Pablo Cruz, Osonier Herrera, Marvin Herrera, Jeremías Úbeda, Samir Valenzuela, Arturo Herrera, Pablo Herrera y Freddy Centeno López, se confirma la sentencia condenatoria de 10 años de presidio, por ser cooperadores necesarios, mientras que por el delito de tenencia y uso de armas del Ejército y la Policía se les condena a 8 años de prisión.

En la sentencia, al único que se absuelve de toda pena y responsabilidad por los delitos acusados es a Santos Tomás Reyes Urbina, porque su presencia en el lugar al momento de la captura en la finca La Ceiba, fue meramente circunstancial, pues no hay prueba de cargo suficiente que permita atribuirle sin margen a dudas, la participación en grado de cooperador necesario de los hechos acusados y probados.

Punto de la discordia

En dicha sentencia también se manda a extraditar a los ocho mexicanos, es decir, los mandan a cumplir condena a su país de origen en razón del Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, sobre la ejecución de sentencias penales, suscrito en la ciudad de México el 14 de febrero de 2000.

“Ordénese al Ministerio de Gobernación, poniendo en conocimiento a la Fiscalía y a la PGR, para que se haga efectiva de manera inmediata la extradición pertinente que conlleve el traslado de los ciudadanos de nacionalidad mexicana”, dice la sentencia.

Según el magistrado Cuadra, la sentencia sólo la deben firmar los magistrados que estuvieron en audiencia el 8 de febrero de 2008 en la CSJ, es decir, la magistrada Juana Méndez, quien formuló el proyecto de sentencia, Rafael Solís, Armengol Cuadra y Sergio Cuarezma, este último es la firma que falta.

“No he aprobado aún el proyecto por una razón particular, en el proyecto de sentencia no sólo se resuelve la casación del caso, sino que además se ordena la extradición de las personas extranjeras condenadas, esto último hay que resolverlo totalmente aparte de la resolución de casación”, aseguró Cuarezma a END.

Es traslado y no hay consentimiento El magistrado Cuarezma agregó que “el proyecto de sentencia expresa que se extradite a una serie de ciudadanos de nacionalidad mexicana a su país de origen, la figura de extradición en este caso no cabe, sino la de traslado de estas personas en base a un tratado firmado entre los estados de México y Nicaragua, pero para trasladarlas se necesita que el juzgado o tribunal respectivo cumpla una serie de requisitos que establece el Tratado para garantía de la persona extranjera condenada, que el proyecto de sentencia no establece”, aclaró.

Entre los requisitos o condiciones que se deben cumplir para la aplicación de este tratado están: que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se encuentre firme, y que el reo otorgue expresamente su consentimiento al traslado, condiciones que no se han cumplido. También se necesita que México acepte la petición de la persona o personas que solicitan el traslado y del Estado de Nicaragua.

“La Sala de lo Penal debe, primero, pronunciarse sobre la casación (el proyecto está preparado) y, segundo, una vez que la sentencia se encuentre firme, como lo exige el Tratado, el juez de ejecución respectivo o la Sala de lo Penal, debe abrir un incidente de traslado a solicitud de las personas condenadas y tramitarlo, pero la Sala de lo Penal no puede ni debe hacerlo si antes no ha cumplido con los requisitos indicados. Cuando esto se resuelva aprobaré el proyecto de sentencia con las consideraciones del caso, si las hubiere”, expresó Cuarezma.

Mientras tanto, Bismarck Quezada, una de las defensas técnicas de los procesados, aseguró que en el Recurso de Casación en ningún momento han pedido traslado de los reos mexicanos, y que si los magistrados de la Sala Penal lo hacen sin el visto bueno del privado de libertad, apelarán esa sentencia. “No sé cuál es el interés de trasladarlos”, recalcó Quezada.

Ayer, finalmente, la Sala Penal no sesionó por falta de quórum, y las sentencias del caso del norteamericano Erick Volz y el caso del metanol, entre sentencias destacadas por el seguimiento que les ha dado la sociedad nicaragüense, avanzan a “paso de tortuga”. En febrero pasado, el presidente de la Sala Penal había dicho que antes de Semana Santa tendrían listas las sentencias.