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Las protestas iniciaron el 18 de abril motivadas por las reformas al Seguro Social impuestas por el gobierno, y un mes después han dejado al menos 60 muertos y más de 500 heridos, la mayoría jóvenes del lado de los protestantes.

Este jueves 17 de mayo, un adolescente que permanecía en los alrededores de la Universidad Politécnica (Upoli) se sumó a la lista de fallecidos, al ser atropellado por un bus que, según ciudadanos del barrio Rafaela Herrera, era conducido por un grupo afín al gobierno.

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Un día antes de arribar a los 30 días de manifestaciones continuas en todo el país, en las ciudades de Nandasmo y Jinotega se registraron hechos violentos, al enfrentarse policías y grupos pro gobierno con protestantes.

Los agentes antimotines reaparecieron en las calles el 6 de mayo, después de una semana sin agresiones. Oscar Sánchez/END

En Managua, los estudiantes y ciudadanos que reclaman justicia por las muertes y exigen la democratización del país siguen llamando a mantener las protestas en las calles, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó a documentar “in situ” las los acontecimientos durante un mes de protestas.

Hoy también es un día clave porque los participantes del Diálogo Nacional, instalado el miércoles, tratarán de fijar los temas claves de la negociación. Los estudiantes, el sector privado y la sociedad civil plantean que lo más importante es la justicia, la institucionalidad y la democratización del país.

En todos los sectores representados en el diálogo parece haber consenso en que este foro es el único camino para salir de la crisis que atraviesa Nicaragua, cuyo saldo ha sido decenas de víctimas humanas y pérdidas económica estimadas de más de US$200 millones.

El detonante

El 18 de abril pasado, un grupo de jubilados salió a protestar de forma cívica en la ciudad de León, en contra de la reforma al Seguro Social que reduciría en 5% sus pensiones, pero fueron golpeados por gente afín al gobierno y policías que los obligaron a dispersarse.

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Las imágenes de esa represión motivaron a un grupo de jóvenes de Managua a plantarse, pancartas en mano, en la zona de Camino de Oriente y la Universidad Centroamericana, adonde llegaron a atacarlos grupos de motorizados que vestían camisetas con la insignia de la Juventud Sandinista.

Tras estas acciones violentas, las protestas ciudadanas aumentaron y se propagaron por diferentes ciudades del país el día 19 de abril y en cuatro días hubo más de 30 muertos, centenares de heridos y detenidos producto de los enfrentamientos en los recintos universitarios y las calles.

Las protestas crecieron incluso en ciudades que por décadas habían sido consideradas bastiones del gobernante Frente Sandinista (FSLN), como León y Estelí. Una de las primeras comunidades en alzarse fue la de Monimbó, en Masaya, considerada clave en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Lo mismo pasó en los barrios orientales de Managua, donde la gente empezó a levantar barricadas.

Entre los primeros muertos está el periodista de Bluefields, Ángel Gahona, alcanzado por un disparo de escopeta mientras cubría una protesta en esa ciudad del Caribe.

El domingo 22 de abril, el presidente Daniel Ortega revocó las reformas al Seguro Social, pero las manifestaciones continuaron, ahora exigiendo una investigación sobre las muertes, castigo a los culpables y la democratización del país.

El sector privado propuso un diálogo y el gobierno accedió, invitando a los obispos de la Conferencia Episcopal para que mediaran. Estos aceptaron ser mediador y testigos, pero no garantes.

Marchas masivas

En un mes de protestas han ocurrido cuatro marchas multitudinarias: la primera, el 23 de abril, convocada por el sector privado; la segunda el 28 de abril, denominada peregrinación y convocada por la Iglesia Católica; una más el 9 de mayo por iniciativa de la sociedad civil y los estudiantes; y la última el 13 de mayo, cuando miles de personas salieron de Managua hacia Masaya en caravana para respaldar a la población de esta ciudad afectada por enfrentamientos violentos que dejaron un muerto, más de 40 heridos, edificios incendiados y establecimientos comerciales saqueados.

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Después de la primera gran marcha, el 23 de abril, se detuvieron los ataques a las manifestaciones por más de una semana. La policía liberó a detenidos en las protestas y restableció la señal de varios canales de televisión que habían sido bloqueados en el servicio de cable.

El gobierno no permitió la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó venir al país a investigar las muertes y otras violaciones a los derechos humanos, tal como pedían los protestantes.

La Asamblea Nacional creó una Comisión de Verdad, la Justicia y  Paz para investigar a los responsables de las muertes y violaciones a los derechos humanos, y el Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones de las muertes durante las protestas, sin que hasta hoy hayan presentado ningún informe. 

Más violencia

El domingo 6 de mayo volvieron a registrarse enfrentamientos violentos entre protestantes y policías antimotines, esta vez en Catarina y Niquinohomo. Un día después, en las universidades los estudiantes volvieron a marchar en sus recintos, exigiendo la salida de los dirigentes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), afines al gobierno.

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Los enfrentamientos reaparecieron en Managua, dejando más muertos y lesionados, sobre todo en la Universidad Politécnica (Upoli).

El 10 de mayo los taxistas en Managua se unieron a las protestas exigiendo un alto al alza del combustible, mientras en  las carreteras del norte y del centro de Nicaragua se iniciaron los tranques que han impedido el paso de vehículos.

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En esa semana, más ataques de agentes del orden se registraron en Masaya, y en los días posteriores en Granada, Matagalpa y Chontales.

En la cuarta semana de protestas, el gobierno aceptó que la CIDH llegara al país a observar y documentar la situación de derechos humanos. En consecuencia, los obispos anunciaron que el diálogo nacional iniciaría el miércoles 16 de mayo en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima.

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El diálogo se instauró con la presencia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. De entrada, los estudiantes, los obispos y la sociedad civil le exigieron el cese de la represión, a lo que Ortega respondió que los policías tenían orden de no disparar en las manifestaciones.

El diálogo continúa hoy viernes 18 de mayo, un mes después de iniciadas las protestas, las que continúan. Hay expectativa sobre si el gobierno aceptará discutir a fondo los temas planteados por los protestantes: justicia, seguridad, democratización. Este último punto incluye el adelanto de las elecciones previstas para el 2021.