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Tras ocho horas de discusión a puertas cerradas, los diversos sectores que participaron este viernes en la segunda sesión del diálogo nacional acordaron una tregua de 48 horas a partir de este sábado, que contempla el cese de la represión policial y de fuerzas de choques contra manifestaciones pacíficas, y el levantamiento de barricadas y tranques por la sociedad civil para garantizar la libre movilización.

“Todas las partes se comprometen a realizar una tregua el sábado 19 y domingo 20 de mayo en la que el Gobierno se obliga a retirar a sus cuarteles a la policía y retirar fuerzas de choque y simpatizantes”, precisa el comunicado leído por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), mediadora y testigo del proceso.

La sociedad civil por su parte “deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones al diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo”, día en que se retomará el diálogo y se evaluará el cumplimiento de estos acuerdos.

En el tema de la justicia, las partes destacaron en el comunicado la presencia en la mesa del diálogo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “como institución investigadora que favorece el esclarecimiento de los hechos y la verdad como derecho fundamental del pueblo, con el objetivo de procurar una salida a la crisis del país”.

El Gobierno, empresa privada, estudiantes, universidades, sociedad civil, trabajadores, área rural, iglesias evangélicas y comunidades indígenas participaron ayer en la segunda sesión del diálogo nacional, que inició con dos horas de retraso por la llegada tardía de la delegación gubernamental.

Jornada positiva

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y uno de los representantes del sector privado en el diálogo, valoró como positivo este segundo encuentro debido a que se acordó el cese a la represión.

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Según Chamorro, la tregua fue propuesta por los obispos de la Conferencia Episcopal. En cuanto a los temas, aseguró que puede hablarse de una “agenda conjunta” entre todas las partes.

“La discusión que se hizo durante todo el día tuvo que ver con la democratización del país, la seguridad y la investigación de la CIDH”, reveló.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que esperan “ver poder marchar al país en paz”, en referencia a las actividades contempladas para este fin de semana en conmemoración del primer mes desde que se iniciaron las protestas.

En relación con los tranques, Aguerri destacó que hay un compromiso de todos los sectores de “hacer los esfuerzos para que se permita la pasada de los vehículos para tener un reabastecimiento, para que en las ciudades haya combustible, comida, que el transporte pueda circular y los productores puedan sacar sus productos”.

Medardo Mairena, en representación del campesinado, sostuvo que por su parte garantizarán la libre movilización, “pero eso no significa que los tranques van a desaparecer”. Dijo que hay otros tranques en el país que han surgido de manera autoconvocada, por lo que llamó a cumplir con los acuerdos de la tregua que comprenden a la sociedad civil.

La responsabilidad

Jeancarlos López, de la Coalición Universitaria presente en el diálogo, destacó que por su parte acordaron levantar las barricadas ubicadas alrededor de las universidades que continúan tomadas por estudiantes, en referencia a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y la UNAN-Managua.

 El diálogo ya puso en agenda la justicia, la seguridad y la democratización

Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que en la mesa hizo ver que “aquí la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno porque no es solamente la Policía Nacional, es también las fuerzas de choque: la Juventud Sandinista, los paramilitares y las turbas”.

El Gobierno, según Báez, prometió detener todo tipo de manifestación violenta de parte de las fuerzas afines a él.

“Para este fin de semana el Gobierno se ha comprometido a no ejercer ningún tipo de represión contra la población civil, que se ha comprometido, si se da el caso, a manifestarse pacíficamente”, explicó.

Más tarde, a través de su cuenta de Twitter, Báez manifestó que el diálogo nacional apenas inicia y “tampoco se alargará demasiado”. “Lo máximo que hoy se podía obtener era crear un ambiente de no violencia para todos los nicaragüenses y garantizar la no represión y libertad de las manifestaciones pacíficas”, refirió.

Suiza ve con satisfacción el diálogo

Suiza se sumó a los países que dice acoger “con satisfacción” el inicio del diálogo en Nicaragua. 

“Desde la perspectiva de Suiza, un diálogo serio y con una base amplia de la sociedad es fundamental para una solución pacífica y justa a la crisis”, destacó en un comunicado el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) de Suiza. 

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El país europeo llamó a las autoridades nicaragüenses para que se respeten los derechos humanos y se garanticen la libertad de expresión y de reunión de todos los ciudadanos, conforme con el derecho nacional e internacional.

“Suiza lamenta los actos de violencia de las últimas semanas en Nicaragua y expresa sus condolencias a las familias de los muertos y heridos. La investigación y revisión judicial de estos eventos, especialmente la investigación de las muertes, son pasos importantes hacia la paz y la reconciliación”, agregó el DFAE.

Destacan visita de la CIDH 

Suiza manifestó su agrado por la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una visita de trabajo a Nicaragua y expresa su esperanza de que “la Comisión pueda hacer una contribución importante para esclarecer los actos de violencia conforme a las normas jurídicas internacionales”.

“Dando continuidad a su compromiso de muchos años con el desarrollo de Nicaragua, Suiza está dispuesta a apoyar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica al conflicto”, concluyó. 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La crisis social en Nicaragua generada desde el 18 de abril ha dejado al menos 60 muertos y centenares de heridos, según organizaciones de derechos humanos en el país.