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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno de Nicaragua crear un “mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos”, que ofrezca garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar “debidamente” a los responsables de las muertes en las protestas iniciadas el 18 de abril.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la policía usó armas de fuego de manera indiscriminada durante las protestas.

En su informe preliminar sobre su visita a Nicaragua, también sugiere que se desmantelen los grupos “parapoliciales” y se adopten medidas para impedir que “sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.

Esas recomendaciones son parte de 15 puntos que la CIDH propone implementar al Estado de Nicaragua, tras observar en el terreno la situación de los derechos humanos a raíz de las protestas que ya llevan más de un mes y que, según este organismo, dejaron 76 muertes, 438 detenidos y 868 heridos, cinco de estos aún en centros hospitalarios en estado de gravedad.

El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, aseveró que las muertes registradas en el informe preliminar fueron confirmadas por las autoridades nicaragüenses y que, del total de detenidos, tres aún permanecen en las celdas.

El informe fue dado a conocer por la delegación de la CIDH encabezada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua; Paulo Abrão, secretario ejecutivo del organismo; y Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión.

La CIDH condenó las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan.

La comisión urgió al Estado de Nicaragua cesar de inmediato la represión a los manifestantes, por lo que considera urgente adoptar “las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”.

Las observaciones de la CIDH están basadas en información documental y audiovisual, y en “centenares” de testimonios que el organismo recopiló en el país entre el 17 de mayo y 20 de mayo en Managua, Masaya, León y Matagalpa y que evidencian graves violaciones a los derechos humanos durante un mes de protestas.

Alta represión

“La CIDH observa el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades”, señala el organismo en su informe, leído por la relatora Antonia Urrejola.

Este organismo visitó distintos hospitales en Managua, León y Matagalpa, así como el Instituto de Medicina Legal, y entrevistó a varios médicos voluntarios, quienes denunciaron que la mayoría de heridos por armas de fuego presentaron impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello y tórax.

Concluye que la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza.

“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, señaló el organismo.

La CIDH considera que la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en las protestas es la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo de parte de funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes.

Basada en centenares de testimonios, la CIDH expresó que la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos “parapoliciales”, que actuarían con el apoyo de agentes estatales.Paulo Abrão, Antonia Urrejola, Joel Hernández y Edson Lanzas, de la CIDH, presentaron un informe preliminar. Melvin Vargas/END

“Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes”, señala la CIDH en sus observaciones.

En el caso del ataque a estudiantes en la Catedral de Managua, el 20 de abril, el organismo señaló que tiene información de que, en algunos casos, los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas.

Detenciones arbitrarias

La CIDH documentó en el país “detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, principalmente, durante los primeros días de las protestas en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes.

Incluso, datos aportados por el Estado revelan que de las 438 personas detenidas con fuerza y llevadas a El Chipote, 209 fueron trasladados a la cárcel La Modelo, en Tipitapa, tras dos de días de incomunicación. Los restantes fueron puestos en libertad.

En la mayoría de los casos, de acuerdo con el informe, los detenidos habrían sido objeto de distintos tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Luego de la lectura del informe, en Granada salieron a manifestarse. Katherin Chavarría/END

Entre los testimonios recogidos, la CIDH destaca que los detenidos fueron objeto de golpes, insultos, o bien, no recibir alimentos y escasa provisión de agua.

“Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes”, reveló.

Otros detenidos denunciaron ante el organismo que en la cárcel perdieron todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares, que quedaron en manos de los agentes estatales. “Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares”, añade el informe.

Desconfianza en instituciones 

Otro punto que la CIDH ve con preocupación es que decenas de víctimas, familiares y representantes de organismos de derechos humanos expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición judicial de cuentas por estos crímenes.

De igual forma, los testimonios reflejaron dudas sobre “la eficacia acerca de la recientemente creada Comisión de la Verdad, debido a la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros”.

Basada en reclamos de víctimas, familiares y sociedad civil, la CIDH señaló que falta una intervención independiente en las investigaciones, hasta hoy solo realizadas por el Ministerio Público.

La comisión reconoce que recibió documentación sobre los asesinatos y heridos atendidos en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal, sin embargo, observó casos en que el registro careció de estándares forenses que permitieran esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz.

Según la CIDH,  la misión recibió denuncias de que en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos no realizaron autopsias, tampoco los cuerpos fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, para que se practicara la debida autopsia.

“De acuerdo con los documentos a los que accedió la comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia”, agregó.

Los tranques volvieron a ser instalados como mecanismo de presión para exigir cambios en el país. Cortesía/END

El organismo concluye que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo, situación que exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.

Organizaciones piden que el Estado cumpla

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el informe preliminar de la CIDH como “muy adecuado”, de acuerdo con la magnitud de la visita de la delegación.

“Esperaba que fuera menos explícito de lo que han sido, porque han fundamentado con los hechos que todos hemos denunciado y que todos han verificado, los dan como hechos ciertos, hay credibilidad  por parte de la CIDH”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Ñúñez.

Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) manifestó que la CIDH dio una cifra de muertos mayor a la que este organismo ha verificado.

“Nosotros hasta el momento hemos verificado 70 muertes, la comisión habló de 76, pero además es importante que dieron la fuente, es decir información generada por el Estado”, manifestó la CPDH.

Recomendaciones

1 Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas.

2 Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.

3 Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

4 Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.

5 Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.

6 Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.

7 Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

En le sector de la UCA marcharon para honrar a los caídos. Orlando Valenzuela/END

8 Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.

9 Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.

10 Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.

11 Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.

12 Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.

13 Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

14 Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.

15 Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.

Ciudadanos continúan en las calles

Este lunes, las manifestaciones antigubernamentales continuaron en Managua, Granada y León. 

En horas de la mañana, la familia del periodista Ángel Gahona, asesinado de un tiro cuando daba cobertura a las protestas que en su natal Bluefields, se manifestó en la rotonda Rubén Darío. 

Gahona, este lunes cumplió un mes de fallecido y, pese a que su caso está siendo judicializado, su familia ha manifestado inconformidad sobre el curso del proceso y los señalados como autores del crimen. 

En Managua, decenas de ciudadanos volvieron a manifestarse en demanda de justicia. Alejandro Sánche/END

En horas de la tarde, en Managua también tuvo lugar un plantón pacífico frente a la Universidad Centroamericana (UCA). La convocatoria fue hecha por los exalumnos de este centro de estudios, en protesta contra las autoridades, luego de los resultados emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que confirmó la muerte de 76 nicaragüenses en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril. 

Decenas de ciudadanos llegaron con banderas azul y blanco a participar del plantón, que interrumpía la circulación vehicular frente a la universidad por cinco minutos mientras se gritaban consignas como “eran estudiantes, no eran delincuentes” y “el pueblo unido, jamás será vencido”.

A 34 días del inicio de las protestas en todo el país, estas se mantuvieron ayer en la capital, Granada, el Triángulo Minero y León. Los ciudadanos demandan justicia por las muertes y reformas en el sistema político del país. 

Plantones y marchas

En León, pobladores autoconvocados realizaron un plantón ayer por la tarde en las afueras de la Universidad de Managua (UdeM) y, posteriormente, realizaron una marcha por las calles de la localidad. 

Mientras en Quezalguaque, desde tempranas horas de la mañana, autoconvocados instalaron un plantón en la entrada principal del municipio, sobre la carretera León-Chinandega, donde permanecieron durante todo el día.

En Granada, centenares se sumaron a la marcha de los autoconvocados ayer por la tarde. En el recorrido, los participantes levantaban en alto las imágenes de los jóvenes estudiantes fallecidos. 

“Queremos que se haga justicia, ninguna de esas muertes pueden quedar impunes, estamos unidos en una misma lucha hasta el final y no vamos abandonar esta causa, no estamos 100% seguros en el diálogo, pero también somos buscadores de la paz para la nuevas generaciones futuras”, comentó Erick Amador, manifestante.

En su informe, la CIDH observa el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra los manifestantes. Alejandro Sánchez/END

La manifestación recorrió las principales calles de la ciudad de Granada y a su paso la población se sumaba para respaldar las demandas de justicia y democracia en el país.  

La marcha culminó con un tributo en la iglesia de Xalteva, donde los participantes han levantado una cruz en homenaje a los caídos durante las protestas, además declararon que las marchas continuarán en los próximos días hasta que las demandas ciudadanas sean escuchadas.
“Pedimos resultados en la mesa de diálogo, que no se continúe asesinando a sangre fría a nuestros jóvenes, que no haya más agresión durante las noches, que se respeten las manifestaciones organizadas por el Movimiento 19 de Abril, queremos una patria libre, llena de esperanza”, demandó Isaac Danilo Pavón durante la marcha.