•  |
  •  |
  • END

Un total de 27 campesinos de Chinandega fueron los testigos claves que presentó la compañía Dole Food Company Inc., contra los bufetes nicaragüenses y estadounidenses que representaban a ex trabajadores de las plantaciones de banano que reclamaban una indemnización millonaria bajo el argumento de haber sido afectados por la exposición al pesticida Nemagón.

Scott Edelmam, uno de los abogados de Dole que participó en el juicio y estuvo presente el pasado jueves 23 de abril en la audiencia donde la juez Victoria G. Chaney desestimó dos denuncias contra los abogados de los nicaragüenses, dijo a EL NUEVO DIARIO que los campesinos relataron la forma en que se orquestaron decenas de juicios con elementos supuestamente fraudulentos.

En su sentencia, la juez Chaney se refirió a un clima de amenaza y de hostilidad por parte de los abogados demandantes del caso Nemagón, contra los campesinos que aceptaron atestiguar en el juicio. Incluso, uno de los testigos de Dole expresó que temía por su vida si regresaba a Nicaragua.

Uno de los abogados nicaragüenses señalados por Chaney como parte del “fraude” contra el sistema judicial norteamericano, Antonio Hernández Ordeñana, rechazó las acusaciones, y señaló a Dole de haber enviado emisarios a sobornar a campesinos a cambio de declarar contra sus compañeros demandantes del Nemagón en Nicaragua.

Ayer Edelmam negó las acusaciones de Hernández Ordeñana y dijo que los campesinos declararon bajo juramento y decepcionados de la manipulación de sus casos por parte de los abogados nicaragüenses.

Edelmam apuntó que la decisión judicial de no darle más lugar a las demandas y al anuncio de rechazar toda prueba proveniente del sistema judicial nicaragüense desmoralizó al bufete de Juan José Domínguez.

“Ellos han perdido confianza en este caso y pidieron permiso a la Corte para retirarse el caso como representantes legales de los demandantes”, dijo. Chaney anunció que el próximo 8 de mayo entregará formalmente la sentencia escrita, pero en su audiencia del jueves 23 de abril, adelantó sus motivos para suspender las causas.

Pica y se extiende

Como resultado de la decisión de Chaney, otro juez en Miami, Paul C. Huck, del Distrito de Miami, Florida, detuvo la ejecución de una sentencia de cobro por 98 millones de dólares contra Dole.

Edelmam dijo que Dole enfrenta nuevas demandas de abogados de otros países fuera de Nicaragua. La lectura de Chaney sobre sus argumentos para cesar el caso, señalan que en Nicaragua existen sólo por parte del bufete de Domínguez, 92 demandas más que reclaman una cifra superior a los 21 mil millones de dólares.

El abogado de la transnacional dijo que Dole ha sostenido negociaciones con otros bufetes norteamericanos para tratar de llegar a acuerdos al margen de los juicios, pero no precisó mayores detalles por razones de “confidencialidad”.

Citando a Michael Carter, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Dole, Edelmam señaló que la transnacional mostró una posición favorable al diálogo con las autoridades de Nicaragua para compensar a personas enfermas que demuestren que hayan trabajado en las bananeras. En los juicios, ellos no reconocen a personas afectadas por el pesticida, porque consideran que todas las pruebas presentadas son fraudulentas.

“Se ha mantenido siempre una posición de Dole de hablar y alcanzar una solución justa y compensar a las personas realmente afectadas, nunca se ha abandonado esa posición”, dijo el abogado. La trasnacional de frutas administró en los años 60 y 70 plantaciones de banano donde, según la denuncia de los campesinos, se aplicó el pesticida DBCP, conocido comercialmente como Nemagón.

Dole sostuvo que seguía interesada en instalar un programa de compensación económica en Chinandega a personas realmente identificadas como ex trabajadores, y que incluso había planes de invertir comercialmente en el país.

Para ello, el propio vicepresidente Carter se reunió con el presidente Daniel Ortega, a quien supuestamente luego le envió dos cartas recordándole el interés de la compañía, pero que después de la conformación de una comisión liderada por la Procuraduría General de la República, el Estado no volvió a mostrar interés en el caso y lo dejó en mano de los abogados demandantes.