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  • EFE

El obispo nicaragüense Silvio Báez rechazó hoy que la propuesta de una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019 sea un intento de golpe de Estado, como denunció el Gobierno de Nicaragua.

"Esto no es un golpe de Estado. Es muy grave esa acusación contra la mesa de diálogo", dijo Báez, uno de los obispos mediadores y testigos en ese foro instalado en Nicaragua para superar la crisis sociopolítica que se ha cobrado la vida de al menos 76 personas.

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El líder religioso explicó que en Nicaragua existe una crisis política y que la Conferencia Episcopal, como comisión mediadora y testigo de este proceso, han elegido una agenda que busque salida a la actual situación atacando el problema de "raíz".

"Hemos elegido la vía institucional en base a la Carta Democrática de la OEA y la Constitución de Nicaragua; la vía pacífica y estamos haciendo coherentes con esos objetivos", afirmó.

A juicio de Báez, es necesario "ir a la raíz del problema político para allanar el camino para su democratización". "No es un agenda parcializada ni se trata de un golpe de Estado camuflado", sostuvo.

El Gobierno de Nicaragua denunció este miércoles un intento de "golpe de Estado" en la reanudación de la mesa de diálogo nacional, en la que se planteó una reforma constitucional y el adelanto de las elecciones para el primer trimestre de 2019.

Esta agenda es "el diseño de una ruta para un golpe de Estado, es el diseño de una ruta para cambiar el Gobierno", afirmó el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, tras comentar esa propuesta presentada en ese foro, de 40 puntos.

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La propuesta, que recoge los planteamientos recibidos por los diferentes sectores representados en el diálogo, incluye una reforma constitucional que sea aprobada este año y ratificada el 10 de enero del 2019, y que un nuevo Consejo Supremo Electoral convoque elecciones generales en el primer trimestre del próximo año, cuando están previstas para 2021.

"Esto no es una agenda consensuada, es una agenda impuesta unilateralmente porque nosotros no la aceptamos", clamó Moncada. La posición del Gobierno es que su contraparte, en este caso los dialogantes del sector privado, sociedad civil, campesinos y estudiantes, desconocen no solo al Ejecutivo, sino también a la actual Asamblea Nacional.

En la propuesta también se exige como salida a la actual crisis política que se elijan nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral "por magistrados honestos de reconocida experiencia, credibilidad, idoneidad y honestidad que aseguren que el voto de la ciudadanía va a ser debidamente contado y respetado".

Este martes, cuando se instaló la tercera sesión del diálogo nacional, se cumplen 36 días en Nicaragua de una crisis sociopolítica que se ha cobrado 76 vidas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La crisis incluye multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Daniel Ortega, que comenzaron con protestas en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.