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Al menos 9 mil empleados del sector público han sido despedidos en los últimos dos años, en especial dirigentes sindicales independientes, por lo que a pocas horas del Día Internacional del Trabajo reclamaron su derecho laboral frente a las puertas de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, donde algunos recursos legales “han dormido el sueño de los justos” por más de año y medio.

Considerando evidente la persecución sindical a los no adscritos al partido de gobierno en las instituciones del Estado, Freddy Antonio Velásquez, Secretario General de la Federación de Trabajadores Democráticos del Servicio Público, dijo que estaban exigiendo a la CSJ que resuelvan a favor de los trabajadores, y se reintegre a los despedidos injustificadamente.

“Tenemos 83 recursos de amparo en espera de ser resueltos por la CSJ, y después de año y medio de estar esperando, estos señores aún no se han pronunciado”, aseguró Velásquez, agregando que los despidos se debieron a que eran dirigentes sindicales que no estaban de acuerdo con las políticas de las instituciones violadoras de los derechos laborales, que incluyen el no pago de horas extras, sin vacaciones y recarga de labores.

Por su parte, el sindicalista José Boanerges Cruz destacó que los representantes de las instituciones hacen caso omiso tanto a los mandatos del Ministerio del Trabajo como a las resoluciones judiciales, por lo que existen diversos recursos en el Tribunal de Apelaciones, sin que de esta instancia salga una resolución”.

La Central de Trabajadores de Nicaragua, la Unidad Sindical Magisterial, así como la Federación de Sindicatos del Sector Público, fueron acompañadas por Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quien se reunió con los magistrados de la Sala Constitucional.

Al salir, Carmona dijo que el encuentro puede considerarse exitoso, ya que observó apertura por parte de los magistrados Sergio Cuarezma, Rafael Solís, Dámisis Sirias, Francisco Rosales, y Gerardo Rodríguez, este último de la Sala de Apelaciones.

“Pidieron el listado de casos y me aseguraron que la próxima semana la Sala Constitucional los revisará. Igual fue la respuesta del representante de la Sala de Apelaciones”, dijo Carmona, quien señaló que hay más de 80 recursos de amparo solicitados, algunos que tienen hasta año y medio sin resolución, cuando la ley especifica que la institución debe pronunciarse a más tardar en 45 días.