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Tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua, el fin de semana pasado, Paulo Abrão, secretario general de este organismo, insistió en que el gobierno nicaragüense precisa seguir las medidas recomendadas en el informe preliminar y aseguró que darán seguimiento a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde hace 36 días.

En la segunda sesión del diálogo nacional, celebrada el lunes, los participantes adoptaron las recomendaciones del informe preliminar de la CIDH, y aprobaron la conformación de una comisión de seguimiento nacida del diálogo.

En una entrevista con el periodista Juan Carlos López, en el programa Directo USA de la cadena televisiva CNN en Español, Abrão reconoció que tanto esta resolución como el reconocimiento del informe preliminar de la CIDH por el Gobierno de Nicaragua representan un avance, pero aún se necesita pensar en los “próximos pasos” para garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

Las conclusiones que ustedes presentan en el informe preliminar reflejan un panorama mucho más grave y serio de lo que ha reportado el Gobierno y aún de lo que reporta la sociedad civil. Hablemos de esos resultados en cifras, ¿qué encontraron ustedes?

Nosotros encontramos una situación muy grave de derechos humanos en el país. 76 personas muertas, más de 800 personas que fueron lesionadas de manera muy grave y más de 450 personas detenidas, o sea, un conjunto de detenciones masivas y arbitrarias que está pasando el país en los últimos 30 días.

El Gobierno reconoce 12 o 13 muertos, ustedes tienen 76, la sociedad civil había informado de un número cercano a los 60, ¿por qué esa disparidad y por qué se llega a esos extremos?

La delegación de la CIDH permaneció cinco días en nicaragua, para documentar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas. Melvin Vargas/END

Durante los cuatro días de nuestra visita, nosotros cruzamos datos del Instituto de Medicina Legal, de hospitales, de cárceles, pero también muchos testimonios y eso ha permitido a la comisión cruzar esas informaciones a partir de las informaciones estatales y diagnosticar esas cifras que por ahora son apenas preliminares, nosotros todavía tenemos que estudiar un conjunto de otros documentos que recibimos.

Ustedes son profesionales en el tema de los Derechos Humanos, lo que encontraron en Nicaragua ¿qué impresión les deja? ¿Cómo llegan? ¿Llegan tranquilos?

Salimos muy preocupados, está instalado en el país un ambiente de intimidación, de hostigamiento, muy especialmente a los estudiantes, a los defensores de derechos humanos, aquellas poblaciones de la sociedad civil, que salieron a las calles. Hemos identificado incluso un patrón de lesiones a las personas que fueron en sus tórax, en sus cabezas, en sus ojos, que indican la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales. Hacen que la comisión ahora esté muy atenta a lo que ha pasado ahí. Vamos a seguir de manera muy cercana la situación en Nicaragua.

Hay posibilidad de las ejecuciones extrajudiciales, censura a la prensa, intimidación a manifestantes y estudiantes, y el uso por parte de la Policía y por parte de las fuerzas armadas de armas de forma indiscriminada. ¿El anuncio del ejército de no usarlas más se ha cumplido?

El Ejército ha cumplido su anuncio, pero la Policía Nacional, las fuerzas parapoliciales, los antimotines siguen con el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes. Ahora, la comisión ha recomendado un conjunto de medidas que el Estado debe necesariamente implementar.

Ustedes hablan sobre la censura a la prensa, el hecho de que sepamos las cifras más cercanas a la realidad luego de la Comisión ¿es por esa censura a la prensa? ¿Es por autocensura? ¿Conoce la región o los que están fuera de Nicaragua lo que está ocurriendo en realidad?

Yo creo que la región todavía no está atenta a lo que está pasando en Nicaragua. Nuestro informe ahora es el primer documento detallado que documenta de manera clara y específica el conjunto de violaciones que ahí ha pasado. Es necesario por parte de la comunidad regional, internacional, una atención a lo que está pasando ahí, para que se pueda superar esa grave crisis política que está instalada en el país.

También presentan 15 recomendaciones de lo que ustedes creen se debe hacer a partir de ahora. Hablemos de algunas de ellas.

Primero, que el Gobierno pueda cesar inmediatamente toda la represión y el uso de la fuerza contra los manifestantes y asegurar su derecho legítimo a las protestas. Segundo, la CIDH propone la creación de una comisión internacional, un grupo de investigación para que pueda verificar de manera independiente y autónoma todos los hechos y todos los actos de violencia que pasaron para atender una ansiedad y una búsqueda de justicia y verdad para todas las víctimas. Y también nosotros, ahora vamos a hacer un mecanismo de seguimiento y esperamos regresar al país muy breve para acompañar la implementación de estas recomendaciones.

¿Ven la voluntad política dentro de Nicaragua por parte del Gobierno y de otros actores para que las recomendaciones que ustedes presentan se implementen y para que se pueda dar la protesta sin la violencia?

Nosotros creemos que este cumplimiento va a depender de mucha presión internacional y también de la sociedad civil de Nicaragua. Con la instalación de la mesa de diálogo dentro del país, ellos se comprometieron a dar cumplimiento a las 15 recomendaciones de la comisión, y en esa mesa estaban sentados también representantes estatales que fueron empujados a aceptar esas recomendaciones a partir de la presión de la sociedad civil.

¿Tuvieron acceso a lo que quisieron? ¿Hubo algún tipo de presión o algún tipo de intimidación a integrantes de la Comisión que viajó a Nicaragua?

Durante esos cuatro días, la comisión ha (accedido) a las informaciones que ha necesitado, también fue facilitado el ingreso a las instalaciones, pero a su vez, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes y estudiantes que ahí están siguen bajo un ambiente de intimidación, de hostigamiento y de amenazas; y nosotros estaremos a su lado para defender sus derechos y sus libertades.

Que el Gobierno haya reconocido el informe preliminar de la CIDH, es un buen síntoma, valora Paulo Abrão, tras aclarar que  urge pensar en los “próximos pasos” para garantizar el respeto de los derechos humanos. Archivo/END

Dicen muchos gobiernos, cuando hay procesos como estos, que le están poniendo en riesgo su soberanía, que es injerencia a los asuntos internos de un gobierno. Pero la comunidad cada vez más exige el respeto de sus derechos humanos. ¿Qué le dice a quienes nos ven en Nicaragua? Ustedes ya no están, ya la comisión salió. ¿Están indecisos o no creen que se vayan a cumplir, primero, las recomendaciones y, segundo, lo que ha prometido el Gobierno?

Hasta la llegada de la comisión, el Gobierno vivía en un estado de negación de todos los hechos, incluso de la violencia producida. Ayer, todos ellos reconocieron la integralidad del informe preliminar que la comisión ha presentado, yo creo que eso es un gran logro, porque se sale del estado de negación y se puede ahora pensar en los próximos pasos, las próximas etapas que puedan generar una garantía o condiciones efectivas del ejercicio de los derechos dentro del país. Para el tema de la soberanía nacional, nosotros siempre respondemos que los derechos humanos están arriba de los criterios de soberanía, específicamente nosotros tenemos que defenderlos sea donde sea, cuando sea y en todas las circunstancias y condiciones.

Para terminar, ¿para cuándo esperan un informe y cuándo esperan regresar a Nicaragua?

Después de ese informe preliminar, nosotros en más o menos 30 días vamos a sacar un informe, en carácter definitivo, y esperamos en seguida entrar de nuevo al país para hacer seguimiento a su implementación y a su cumplimiento.