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Las condiciones para crear una comisión internacional que investigue los hechos violentos ocurridos en abril y mayo en Nicaragua, durante las protestas antigubernamentales, tendrían que ser discutidas y acordadas entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado de Nicaragua, aseguró Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Esa comisión internacional, cuya creación fue recomendada por la CIDH tras una visita “in loco” a Nicaragua, es un mecanismo que nunca se ha utilizado en este país, según Aguiluz, pero existen referentes regionales de comisiones similares en México, Guatemala y Honduras.

Aguiluz, quien es la directora de programas para México y Centroamérica del Cejil, dijo que en México un grupo internacional de expertos investigó la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa a través de una comisión, la cual tuvo acceso a información estatal y a un presupuesto para cumplir con sus diligencias. Sin embargo, esta comisión solo se encargó de emitir un informe con los hallazgos, dirigido a la Procuraduría General de la República de México, explicó.

Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), esperaría que la comisión internacional que se cree en Nicaragua esté conformada por “un grupo de expertos y expertas con experiencia en investigación criminal”. Archivo/END

En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la Organización de Naciones Unidas, tiene la capacidad de presentar sus propias acusaciones, mientras que en Honduras la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), apoyada por la Organización de Estados Americanos, trabaja en conjunto con la Fiscalía.

“Hay diversas formas (de crear una comisión internacional), no hay una sola”, explicó Aguiluz, refiriendo que la ruta específica de su creación es “parte de las cosas que la comisión tiene que poner sobre la mesa con el Estado”.  Pero la Cejil esperaría que la comisión internacional que se cree en Nicaragua esté conformada por “un grupo de expertos y expertas con experiencia en investigación criminal”.

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La creación de esta comisión estaría sustentada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece en el numeral 8 del Artículo 10, que el Ministerio Público puede “solicitar apoyo técnico de expertos, asesores o peritos nacionales y extranjeros de entidades públicas o privadas, para formar equipos interdisciplinarios de investigación para casos específicos”.

De ser necesario hacer reformas normativas para permitir la creación de esta comisión internacional, Aguiluz asegura que el Gobierno podría “pasar una ley para garantizar que este apoyo técnico sea considerado en un eventual proceso penal” para los responsables de los hechos violentos.

Instrumentos internacionales

La CIDH también recomendó al Estado nicaragüense ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la “Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas”, la “Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”, y el “Estatuto de Roma”.

En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la Organización de Naciones Unidas, tiene la capacidad de presentar sus propias acusaciones. Archivo/END

Este último instituye una Corte Penal Internacional facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas, respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, incluidos el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión.

Otra de las recomendaciones que dio la CIDH al Estado nicaragüense fue asegurar que los operativos de seguridad en protestas y manifestaciones, se ejecuten “según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza”.

El exsubdirector de la Policía Nacional, Francisco Bautista Lara, aseguró que los órganos encargados de hacer cumplir la ley están obligados a hacer un uso “proporcional, racional y congruente” de la fuerza policial.

De hecho, en el Artículo 6 de la  Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, se establece que las armas de fuego “solamente se utilizarán cuando exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas”.