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Margarita Azucena Mendoza Ponce, madre de Javier Alexander Munguía Mendoza, el  joven de 19 años que desapareció el 8 de mayo y 10 días después su cuerpo fue encontrado en la morgue del Instituto de Medicina Legal, recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para que se castigue a los culpables, aseguró este jueves.

“Ahorita estoy recibiendo asesoramiento de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), sobre el proceso que debo llevar. Ya hubo un dictamen en el que no estoy de acuerdo. La Fiscalía dio una resolución que yo, como madre, y todas las personas que lo conocieron en el vecindario, dan fe que mi hijo nunca estuvo metido en delincuencia”, dijo la señora Mendoza.

El pasado miércoles el Ministerio Público determinó que Javier Alexander Munguía supuestamente murió, el pasado 8 de mayo, cuando en compañía de otra persona  intentó cometer un robo. El informe no precisa la identidad de las personas involucradas en el suceso, y los exime del delito.

“Pueden decir cualquier cosa, pero yo voy a demostrar que mi hijo no era un delincuente. Hicieron lo que quisieron con mi hijo y todavía ensucian su nombre. Es injusto. Desde un inicio la Policía sabía que él se encontraba ahí. Me pregunto: ¿Por qué en los 10 días que lo anduve buscando con su foto no me dijeron nada?”, cuestionó Mendoza.

“Una semana antes, con foto en mano estuve ahí (IML) preguntando por él y solo me decían que había tres cadáveres y los familiares ya estaban ahí para reclamarlos”, dijo Mendoza.

El doctor Julio Montenegro, asesor legal de CPDH, señaló que todo caso que llegue al conocimiento del Ministerio Público tiene que ser resuelto mediante lo contemplado en el Artículo 225 del Código Procesal Penal, donde el fiscal debe verificar si existe causa para crear un proceso o no.

“Acá no se ve. Simplemente se cambiaron los roles y la persona fallecida aparece como infractor de la ley. Nuestras diligencias van en vías de solicitar a la institución que nos argumenten en qué se fundamentó la Fiscalía para tomar la determinación de no acusar. Desconocemos esto, lo desconoce la madre del muchacho fallecido, no se le reportó nada, no le entregaron ninguna resolución. Una complicación es que la persona supuestamente infractora de la ley resultó muerta y cuando eso se da evidentemente pudo haber legítima defensa, pero es curioso que ahorcar a una persona no es legítima defensa”, dijo el doctor Montenegro.

 El asesor legal de la CPDH comentó que si se suponía que la persona había sido reducida, por lo tanto no había necesidad de privarlo de la vida. Ante esto señaló que en este caso era necesario.