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El gobierno estadounidense urgió este viernes a Nicaragua implementar “por completo” las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar más violencia en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, un conflicto que se ha cobrado 76 muertos.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que implemente plenamente las recomendaciones de la independiente CIDH y actúe sobre sus conclusiones para garantizar la rendición de cuentas y la justicia ante los abusos y las violaciones de los derechos humanos”, dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Heather Nauert.

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La CIDH visitó Nicaragua del 17 al 21 de mayo y, tras su examen de la situación, presentó un informe preliminar en el que alertaba de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país y “graves violaciones de derechos humanos” con, al menos, 76 muertos y 868 heridos.

Javier Alexander Munguía, de 19 años, el joven que estaba desaparecido desde el 8 de mayo y cuyo cuerpo estaba en el Instituto de Medicina Legal.

En su informe, la Comisión hizo 15 recomendaciones al gobierno nicaragüense para que, entre otras cosas, permitiera la creación de “un mecanismo de investigación internacional” independiente “para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables” de las protestas que han ensangrentado al país.

Estados Unidos ya había respaldado anteriormente el trabajo de la CIDH en Nicaragua y llegó a pedir al gobierno de Ortega que permitiera la entrada de representantes de ese organismo para evaluar la situación de respeto a los derechos humanos, algo a lo que Ortega finalmente accedió el 14 de mayo.

Tras la autorización de Ortega a la entrada de la CIDH, se inició un diálogo entre el Gobierno y diversos sectores de la población nicaragüense para encontrar una salida a la crisis, pero la Iglesia católica, en su calidad de mediadora, suspendió hace dos días ese diálogo ante la falta de consenso entre las partes.

El Gobierno de Nicaragua llegó a denunciar un aparente intento de “golpe de Estado suave” en el diálogo nacional debido a los planteamientos de la alianza de los sectores civiles de reformar la Constitución y adelantar las elecciones, en un contexto de comicios libres, transparentes y supervisadas. 

Diálogo creible

En su nota de este viernes, el Departamento de Estado urgió al gobierno de Ortega a “crear las condiciones propicias para un diálogo creíble e inclusivo y garantizar la seguridad de los participantes”.

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“Estamos extremadamente preocupados por la falta de progreso en el diálogo nacional debido a la incapacidad del Gobierno de participar creíblemente en la democratización”, afirmó Nauert.

“Instamos al Gobierno de Nicaragua a que negocie de buena fe y regrese al diálogo con una agenda para lograr un futuro democrático para todos los nicaragüenses”, añadió.

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Además, el Departamento de Estado de EE. UU. reiteró su “condena a los recientes hechos de violencia perpetrados por matones controlados por el Gobierno, lo que ha resultado en más muertes de manifestantes en Nicaragua”.

Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua culpan de la violencia a simpatizantes sandinistas, mientras que la CIDH en su informe preliminar culpó a “grupos motorizados” y a las fuerzas policiales de algunos de los sucesos más sangrientos de las protestas, como el de la Universidad Nacional de Ingeniería.