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A Oseal Jiménez lo despidieron dizque por ser mal obrero. Apenas un mes atrás le habían dado un bono por buen rendimiento en el cumplimiento de las tareas de corte y planchado, y sus supervisores lo ponían como ejemplo ante los demás compañeros de trabajo. Y quizás ése fue su error.

En la denuncia que él puso ante la Central Sandinista de Trabajadores, explicó que lo corrieron apenas se afilió al sindicato. Aun con todo y fuero sindical, Jiménez fue despedido, junto a 16 personas más, incluyendo ocho mujeres, una de ellas embarazada, sin que les pagasen los beneficios de ley.

El día que ellos denunciaron el hecho, el pasado martes 22 de abril, estaban más preocupados por saber cómo sobrevivirían económicamente al final del mes, que por las cámaras y las preguntas incisivas de los periodistas que cubrían la denuncia de abusos laborales.

“Parece mentira, pero esos 2,400 córdobas que me pagaban al mes, aunque son una miseria, me van a hacer falta”, dijo Jiménez, de 27 años y padre de dos niños.

Ni en crisis…

“Ni en tiempos de crisis cesan los abusos contra los trabajadores”, tronó Roberto González, de la CST, uno de los principales críticos contra las normas laborales que aún imperan en la industria textil.

Desde que se masificaron las zonas francas en Nicaragua, a inicios de los años 90, las denuncias sobre malos tratos, agresiones físicas y sicológicas, chantajes y acoso sexuales, violaciones laborales y humanas, y hasta incumplimiento de normas de salud y contaminación, han llovido sobre estos regímenes industriales, donde la principal mano de obra es la femenina.

El Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra” ha cuantificado más de 100 mil denuncias de todo tipo de vejaciones en las zonas francas de todo el país, según sus diferentes diagnósticos publicados, incluyendo los más recientes: “Zona Francas, Rostro de Mujer. Avances y retrocesos en los derechos y deberes de las mujeres trabajadoras de las maquilas en Nicaragua 2008”.

Y es que la crisis financiera internacional, con sus respectivos impactos locales, ha puesto en crisis el modelo de las zonas francas y amenaza su existencia, junto a las cifras macroeconómicas del país y los bolsillos de más de 75 mil personas que ahí trabajan, según el sindicalista Pedro Ortega.

Caídas del consumo

“En enero, como resultado de las ventas navideñas, al evaluarse los mercados, los grandes almacenes no vendieron, quedó producto en las bodegas, y entonces se reduce la compra de ropa, la compra de materiales, y se reducen las ganancias de las zonas francas, y ellas empiezan a compactarse y a despedir empleados”, observa el sindicalista.

De acuerdo con las cifras del estudio “Comportamiento del empleo en las empresas textil y vestuario de la Zona Franca frente a la crisis económica y el impacto en la vida de las mujeres”, elaborado por el Movimiento “María Elena Cuadra”, y dado a conocer la semana pasada, en Nicaragua han cerrado 29 empresas y han quedado sin empleos 27,738 personas, la mayoría mujeres.

A nivel centroamericano el efecto es el mismo: de 411,502 trabajadores que había al inicio de 2008 en zonas francas de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, 52 mil han ido a la calle.

“Es que el modelo de la zonas francas, si ya era mal visto por las organizaciones de derechos humanos, ahora está peor, está en crisis”, dijo Ortega, quien no obstante, y bajo el argumento de que hay que defender el derecho de los trabajadores a un empleo, defiende las medidas que el gobierno apoya para retener a las zonas francas en crisis.

“En este año nosotros llevamos más de 20 mil trabajadores despedidos, las empresas se están yendo a China, a Vietnam, a otros lugares donde los salarios son muchos menores de 50 dólares, y donde los derechos laborales no se defienden”, dijo.

“Allá (en Asia e India) los gobiernos permiten las violaciones de derechos humanos, el trabajo infantil, toleran los abusos a los derechos laborales y al fuero sindical, y aquí no, y eso amenaza la inversión y permanencia de las empresas de zonas francas que buscan lugares donde la mano de obra sea más barata y haya menos reglas que cuidar”, dijo González.

De villanas a heroínas

En Nicaragua, el salario mínimo ronda los 118 dólares, y a nivel centroamericano entre 150 y 200, mientras en Costa Rica llega a los 400.

Algo similar dijo Roberto González, quien comentó que a pesar de la necesidad de generar y sostener los empleos en las zonas francas, el gobierno sandinista no tolerará los abusos, y manifestó que prueba de ello son los acuerdos logrados entre los empresarios privados, las autoridades nicaragüenses y los sindicatos de trabajadores para respetar las leyes laborales y el salario mínimo.

“El sistema de zona franca está en crisis, el modelo que genera miles de empleos puede desaparecer si no se ajustan los costos, pero sin abandonar los derechos humanos y laborales”, dijo González.

Y bajo esa amenaza de irse, y con los resultados visibles de 29 empresas cerradas desde el inicio de la crisis en 2006 hasta la fecha, los sindicalistas proponen salvar a las industrias sobrevivientes.

Y pretenden hacerlo bajando los costos de operación: en Nicaragua el techo industrial de alquiler anda por 4.50 dólar el metro cuadrado, mientras que en Vietnam y otros países el metro lo ofrecen 1 dólar con 50 centavos o 2 dólares.

Sería desastre

“Por eso creo que los parques y la Corporación de Zona Franca deben ajustar los precios del alquiler. En El Salvador para retenerlas van a reducir los precios del alquiler del techo industrial a 2.50 dólares, y todos deben ajustar los precios a nivel centroamericano para competir, o nos terminamos de hundir”, dice Ortega.

Y cuando se habla de “hundir” se habla de 75 mil puestos laborales menos. “Sería una catástrofe para Nicaragua”, dice Ortega. Las cifras lo respaldan.

Cifras oficiales hablan de un 14 por ciento de desempleo neto. El Consejo Superior de la Empresa Privada calcula que existe un 30 por ciento de subempleo en las cifras oficiales.

Y, finalmente, cifras del Banco Central de Nicaragua dicen que del 48 por ciento de la fuerza laboral del país, apenas el 48 por ciento es asalariado. Quizá sí tenga razón Ortega: sería un desastre sumar 75 mil familias a la pobreza.