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Amnistía Internacional (AI) informó este martes que la represión a los ciudadanos que han protestado durante 43 días, ha causado la muerte de, al menos, 83 personas y ha dejado más de 800 heridos.

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Según el organismo internacional, son siete los elementos que sustentan la estrategia sistemática de represión en Nicaragua: discurso oficial de negación, utilización de grupos parapoliciales, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, irregularidades en la investigación, denegación de atención médica e intento de control de la prensa.

“Hemos podido concluir que efectivamente estamos frente a una política sistemática de represión violenta en contra de las personas que protestan de diferentes formas, ya sea tomándose las calles o refugiándose en los distintos recintos académicos”, alertó Erika Guevara Rojas, directora para las Américas de AI, al presentar un informe ayer en Managua.

El informe, titulado “Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”, concluye que la respuesta del Gobierno de Nicaragua ante las manifestaciones ciudadanas ha sido “ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos, e incluso, crímenes de derecho internacional”.

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Para elaborar el documento, una delegación de AI estuvo en Nicaragua por nueve días, entre el 2 y 13 de mayo, y visitó tres ciudades: Managua, León y Estelí. Durante su estadía en el país realizaron más de treinta entrevistas a profundidad, hablaron con víctimas y familiares de víctimas y recogieron documentación y pruebas gráficas.

Pilar Sanmartín, investigadora de crisis para las Américas de AI, aseguró a El Nuevo Diario que los resultados de este informe serán llevados a las sesiones de discusión en Washington, en el marco de la apertura de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en los primeros días de junio.

En esas sesiones esperan reunirse con representantes de Estados miembros de la OEA, otras organizaciones y miembros de la sociedad civil.

Uso excesivo de la fuerza

El informe de AI indica que el número de muertes y personas lesionadas demuestra que “el Gobierno empleó la fuerza de manera desproporcional, excesiva y en algunos casos, de manera innecesaria”.

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Los investigadores corroboraron, con base en material audiovisual, que en uno de los casos la policía detonó munición letal a pesar de que no se percibía una amenaza en contra de ellos.

“El día de ayer, casualmente, en una visita que hacíamos a la UCA fuimos testigas de los ataques desmedidos, del uso desproporcional de la fuerza en contra de los estudiantes que recuperaban su recinto académico en la UNI”, comentó Guevara Rosas.

El grupo de investigadores de la AI también encontró que en Nicaragua hubo “un elevado número de casos” que podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, entendiéndose estas como “muertes causadas intencionalmente por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas compuestas por particulares que cooperen con el Estado o sean toleradas o consentidas por este”.

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AI también documentó ocho casos de personas fallecidas que habían recibido disparos. “Todos presentaban orificio de entrada de proyectil en una zona de alta letalidad: uno presentó el orificio en el cuello, dos en la cabeza y cinco en la región torácica superior”, señala el informe, evidenciando que “existe un patrón que indicaría que los grupos parapoliciales, la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, causaron la muerte de personas de manera intencional”. 

Grupos parapoliciales

Otro de los puntos centrales del informe de AI es la existencia de grupos parapoliciales, también mencionados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Estos grupos paramilitares que han sido una de las características de esta política represoria están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en colusión y en un patrón sistemático de ataque a la población civil”, señaló la directora para las Américas de AI.

Alto a la violencia

Erika Guevara Rosas señaló que AI ha hecho “un reclamo” al presidente Ortega para que “pare la represión y por que se reconozca la grave crisis de derechos humanos que hoy en día enfrentan los nicaragüenses en cada rincón del país”.

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También solicitó el cese de la represión Graciela Martínez, hermana de Juan Carlos Martínez, una de las víctimas que falleció durante las protestas. Graciela estuvo presente en la lectura del informe.