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  • ACAN-EFE

La Fundación Arias para la Paz urgió hoy a la comunidad internacional bloquear la transferencia de armas y municiones dirigidas al Gobierno de Nicaragua, pues podría tratarse de una violación al Tratado sobre Comercio de Armas.

"La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano hace un llamado urgente a los países de la región centroamericana y a la comunidad internacional para que bloqueen la transferencia de armas y municiones al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua", indica un pronunciamiento divulgado hoy.

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El texto hace "un especial llamado a los países de la región centroamericana, ya que todas las armas que nutren al gobierno de Nicaragua, utilizadas para agredir al pueblo, están ingresando a ese país por tierra".

Según la organización, fundada por el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, la represión a las protestas en Nicaragua y los hechos violentos, "podría estar violando el Tratado sobre Comercio de Armas por "el uso de la fuerza en forma desmedida para cometer una violación grave del derecho internacional de los derechos humanos".

La Fundación aseguró, citando estadísticas de Comercio Internacional de la Organización de Naciones Unidas, en 2016 y 2017 Nicaragua ha importado armamento desde Estados Unidos, España, Austria, República Checa, Brasil, China, Argentina, Italia y México, entre otros países. "Hacemos una solicitud especial para que en lo sucesivo tengan siempre en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales a la hora de realizar transferencias", indica el pronunciamiento.

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La Fundación Arias también envió una carta a la vicepresidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Campbell, en la que insta a su Gobierno a cumplir con el Tratado sobre Comercio de Armas, el cual le exige como uno de sus firmantes evaluar los riesgos para la paz y los derechos humanos el autorizar el paso de armas por suelo costarricense.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde el pasado 18 de abril, que tuvo como detonante diversas manifestaciones en contra de unas reformas a la seguridad social, pero continuaron después de su derogación debido a la represión del Gobierno, que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONG Amnistía Internacional.

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A pesar de que el Gobierno se comprometió a detener la represión, la Policía Nacional y fuerzas de choque oficialistas persisten en sus ataques hacia la población, lo que ha dejado casi un centenar de muertos desde el pasado 18 de abril.