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La vicepresidenta de Costas Rica, Epsy Campbell, pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega un cese “inmediato a la represión” en contra de los manifestantes en Nicaragua.

“Una vez más, el Gobierno de Costa Rica solicita al Gobierno de Nicaragua el cese inmediato de la represión a los manifestantes que participan en las protestas”, escribió en Twitter la también canciller costarricense.

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Campbell demandó que se respete y garantice el goce “pleno del derecho a manifestarse, a la libertad de expresión y a que la participación política de la población sea garantizada”.

Asimismo, la vicepresidenta pidió al gobierno de Nicaragua alcanzar una solución democrática a la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país.

“Costa Rica pide al gobierno de Nicaragua alcanzar una solución democrática a esta grave crisis; una solución en la que, por la vía del diálogo y la mediación, se obtenga una salida pacífica en la que no haya más víctimas”, indicó Campbell.

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El viernes, dos días después de la masacre en la marcha Madres de abril, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó su preocupación por los violentos hechos ocurridos en Nicaragua y añadió que Costa Rica ha mantenido una posición acorde con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que está recibiendo los análisis de distintas instituciones en esa materia.

Hoy se cumplen en Nicaragua 47 días de una crisis sociopolítica, la más sangrienta desde los años 80, que ha dejado más de 100 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

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Las protestas contra el gobierno de Ortega comenzaron el pasado abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se acentuaron como consecuencia de las muertes de personas ocurridas durante las manifestaciones.

Un informe elaborado por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo pasado alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país, y "graves violaciones de derechos humanos".