•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

De unas 25 denuncias interpuestas por familiares de personas muertas durante las protestas contra el Gobierno, hasta el momento el Ministerio Público no ha dado información de ninguna, expresó el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Braulio Abarca Aguilar.

El señalamiento lo hizo Abarca, mientras daba acompañamiento a familiares de Edgard Isaac Guevara Portobanco y Jonathan Sebastián Morazán Meza, muertos a balazos durante la masacre del 30 de mayo en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“El Cenidh ha dado acompañamiento a alrededor de 25 a 30 casos, con denuncia formal ante el Ministerio Público, de los cuales han pasado más de un mes y en ninguno ha habido una acusación penal en los juzgados de Managua, lo cual determina una retardación de justicia y una violación a los derechos humanos de las víctimas”, alegó Abarca.

Otro organismo es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que ha interpuesto 40 denuncias ante el Ministerio Público y no hay respuesta.

El asesor legal de CPDH, Pablo Cuevas, señaló que solo en el caso de Richard Pavón Bermúdez se les pidió que dieran acompañamiento al proceso, pero los testigos tenían temor de hablar, pues desconfían de la Policía Nacional.

“En realidad no esperamos resultados por la falta de independencia y autonomía de esa institución. Los trámites son para agotar la vía nacional y posteriormente hacer la denuncia a nivel internacional”, explicó Cuevas

Destacó que en el caso de un muerto en Boaco, ridículamente se acusó a promotores de la CPDH por el delito, lo que representa una probada de lo que el Gobierno va a “cocinar” en estos procesos.

No hay confianza

Arely Guevara, hermana del fallecido Edgard Isaac Guevara Portobanco, comentó que no cree que el mismo Gobierno se investigue; sin embargo, quiere dejar constancia de lo ocurrido. Guevara Portobanco, quien recibió tres impactos de bala; entre estos uno que atravesó  el brazo izquierdo, para luego ingresar al costado de la caja torácica, pasar por el corazón y los pulmones.

Por su parte, Josefa Meza, madre de Jonathan Sebastián Morazán Meza, también culpabilizó a la Policía y  Gobierno, mostrando las radiografías de los proyectiles en el cuerpo de su familiar, señaló que solo gente entrenada y con la precisión de armas de guerra pudo hacer disparos tan certeros.

“Mi hijo estaba en la marcha pacífica cuando entraron los paramilitares y comenzaron a disparar y no solo mi hijo salió muerto de ese ataque”, dijo la mamá de Meza, que tras entregar la denuncia en la recepción del Ministerio Público, le dijeron que en otro momento los citarán para tomar declaraciones.