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La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso y sin objeciones una declaración “en apoyo al pueblo de Nicaragua”, en la que, condena y exige el “cese inmediato” de los actos de violencia, así como de la intimidación y amenazas contra el público en general.

La declaración presentada en conjunto por Nicaragua y Estados Unidos, fue aprobada durante la mañana del martes por la Comisión General para que pasara por la tarde al plenario de la Asamblea General de la OEA.

Los seis puntos de dicha iniciativa están relacionados a la crisis nicaragüense que hoy cumple 50 días.

Tras su aprobación, el representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que la declaración “marca el comienzo del compromiso de los estados miembros sobre la grave situación en Nicaragua”, un compromiso que según el gobierno de Donald Trump debe estar enfocado en cesar “la violencia perpetrada hacia la población por el Gobierno (de Nicaragua) y sus partidarios” y en la eliminación de prácticas antidemocráticas.

Trujillo destacó que la resolución es necesaria “para que, en primer lugar, la OEA responsabilice a la administración (de Ortega) por sus acciones y asista y apoye un diálogo genuino para restaurar la democracia en el país”.

Aceptó que esta declaratoria “no es una solución” para los crímenes que han sido cometidos en Nicaragua. “Los responsables de asesinatos y otras violaciones y abusos a los derechos humanos deben ser juzgados”, señaló Trujillo, para después resaltar que bajo la ley de Estados Unidos “los responsables por severas violaciones a los derechos humanos son inelegibles para obtener visas estadounidenses, como en muchos casos, también son sus familiares, y también pierden acceso a nuestro sistema financiero”.

“Seguiremos presionando por democracia y rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos en Nicaragua”, finalizó Trujillo.

La declaración fue firmemente respaldada por los Gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, quienes a través del canciller de Chile, Roberto Ampuero, instaron al gobierno nicaragüense a acoger las recomendaciones hechas por la CIDH.

El representante de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, aseguró en su intervención que el gobierno nicaragüense tomará nota de “los comentarios y preocupaciones expresadas por algunos Estados y su llamado a la continuidad del diálogo”.

Y aseguró que el gobierno que representa “está comprometido con el diálogo nacional, el trabajo y la paz”. Alvarado añadió que “los caminos de la reconciliación y la unidad de los hermanos nicaragüenses” le permitirán al Gobierno “seguir trabajando por la prosperidad y el desarrollo de nuestro país en el marco del respeto al estado de derecho, la constitución y las leyes”.

Puntos centrales

Sobre el diálogo, el documento aprobado por los cancilleres de la OEA llama “al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país”, como el fortalecimiento de instituciones democráticas y la celebración de elecciones “libres, justas y oportunas”, en aparente alusión al adelanto de elecciones que se discute en el país.

Además, anuncia la disposición de la OEA de brindar apoyo y asistencia en la implementación de un proceso de diálogo inclusivo, en el establecimiento de un Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), el despliegue de una misión de observación electoral antes de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en Nicaragua.

También invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que informe “tan pronto como sea posible” al Consejo Permanente de la OEA sobre los resultados y conclusiones de la visita de trabajo en Nicaragua. Según la declaración, sería el Consejo Permanente el que se ocuparía de la evolución de la situación en Nicaragua.

Visita histórica

Durante la presentación del Informe Anual de la CIDH ante la OEA, la presidenta de dicha comisión, Margarette May Macaulay, dijo que habían realizado una “visita histórica a Nicaragua” en la que constataron que “se han producido graves violaciones a los derechos humanos con la lamentable pérdida de vidas humanas”.

May Macaulay recalcó que la CIDH emitió 15 recomendaciones preliminares. “El próximo paso está en establecer un grupo de expertos internacionales con plena garantía de independencia y autonomía”, añadió.

EE. UU.: detengan ataques

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, apeló al gobierno del presidente Ortega a “detener los ataques a protestantes pacíficos y defender los derechos básicos de sus ciudadanos” para que el país vuelva a ser una democracia, según la transcripción sobre una recepción de la OEA publicada por la Casa Blanca.

Pence habría dicho frente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a los cancilleres de la OEA que asistieron a la recepción, que Ortega “está cometiendo y justificando una terrible violencia en contra de su gente”, y ejemplificó como parte de estos ataques el cometido a la marcha del Día de las Madres, que dejó 11 muertos y decenas de heridos, y el asesinato de un ciudadano estadounidense, que apareció muerto el pasado sábado en una calle de Managua.

El vicepresidente estadounidense también dijo que “los Estados Unidos y nuestros aliados deben hablar al unísono y decirle al gobierno de Ortega: La violencia debe terminar y la violencia debe terminar ahora”.

Eurocámara condena la represión en Nicaragua

El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio luz verde este martes a una resolución en la que condena la represión y pide el fin de la violencia en Nicaragua, donde más de 120 personas han muerto desde el inicio de las protestas contra la reforma de la seguridad social en abril.

La iniciativa salió adelante con 536 votos a favor, 39 en contra y 53 abstenciones, después de que el miércoles 30 de mayo las marchas contrapuestas a favor y en contra del gobierno de Daniel Ortega terminaran con nuevos ataques y graves altercados que dejaron, al menos, 15 muertos y 34 heridos.

El documento condena “la brutal represión e intimidación de los manifestantes pacíficos” que ha dado como resultado “numerosas muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias perpetradas por las autoridades nicaragüenses… la policía y grupos violentos que apoyan al Gobierno”.

En ese sentido, recuerda a todas las fuerzas de seguridad nicaragüenses que su deber consiste, “sobre todo, en defender a los ciudadanos de todo daño”.

Además, pide a las autoridades del país centroamericano “poner fin a todos los actos de violencia” contra los manifestantes, pero también solicita a estos últimos y a las organizaciones de la sociedad civil que lideran las protestas “abstenerse” de recurrir a la violencia.

Igualmente, llama a liberar a todos los ciudadanos detenidos “arbitrariamente” y solicita a las autoridades de Nicaragua abonar compensaciones a las familias afectadas y ofrecer garantías de que los arrestados no serán perseguidos penalmente.