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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló ayer que en su informe final presentará los resultados de la evaluación de 1,017 testimonios que recolectaron durante su visita al país, los cuales revelan un patrón de la represión ejercida por las autoridades nicaragüenses hacia manifestantes contra el Gobierno.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, detalló durante un encuentro con estudiantes nicaragüenses y periodistas en Washington, que del total de testimonios recolectados, 950 los atendieron de manera presencial y los demás fueron recibidos a través de correo electrónico. Todos ellos, aseguró, coinciden en indicar la presencia de grupos parapoliciales, disparos por parte de francotiradores y un ambiente de hostigamiento hacia manifestantes y víctimas de represión.

“Estos testimonios revelan la confirmación de aquel primer patrón de acciones represivas que presentamos en el informe preliminar”, aseguró Abrão, quien además señaló que “el ambiente de violencia y de opresión dentro del país” continúa aún después de la visita de la CIDH, finalizada el 21 de mayo.

Cuando la CIDH brindó un informe preliminar, hace dos semanas, situó en 76 la cifra de muertos en protestas ciudadanas. Hasta ayer, la CIDH había verificado la muerte de 127 personas, aunque Abrão afirmó que debía haber más personas asesinadas. Este aumento de cifras es una de las razones por las que la comisión considera que en Nicaragua existe un “escalonamiento de la violencia”.

“Desde la salida de la comisión del país hasta la fecha de hoy, han regresado los patrones de violencia (incluso) más fuertes dentro del país”, señaló Abrão, quien mencionó los ataques por parte de “grupos parapoliciales” afines al Gobierno a las ciudades de Masaya, León, Chinandega y Managua.

Abrão reveló ayer que la CIDH presentará su informe final sobre la situación en Nicaragua en las próximas semanas ante una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nuevas prácticas represivas

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la CIDH, este organismo ha detectado “nuevas prácticas represivas” en el país, como secuestro de jóvenes universitarios, incendio de medios de comunicación y edificios estatales y hostigamiento a personas adultas mayores que participaron en las marchas.

Además, incluyó dentro de estas nuevas prácticas “ataques contra buses que recogen a personas resguardadas en universidades e iglesias y un posible ataque con pesticidas, lo que ha derivado en un grave impacto psicológico y físico en la sociedad”.

También han recibido información de médicos, brigadistas y estudiantes de medicina que han sido agredidos mientras atendían brigadas médicas o brindaban asistencia humanitaria, y testimonios de personas que están viviendo en clandestinidad para preservar sus vidas.

Grupo de expertos

Sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que vendrá a Nicaragua a investigar los hechos de violencia registrados en el país después del 18 de abril, la CIDH afirmó que aún está en el proceso de conformarse.

Abrão explicó que el grupo de cuatro expertos trabajarán durante seis meses prorrogables con una base permanente en Nicaragua y con otra actuando desde el exterior. Añadió que estos investigadores tendrán las garantías e inmunidades diplomáticas que los respaldarán para el ejercicio de su deber.

Medidas cautelares

La CIDH otorgó ayer medidas cautelares para el sacerdote Edwin Román, párroco de Masaya, y el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, por considerar que ambos tienen su integridad física y su vida corren riesgo, por tener roles protagónicos en el contexto de las protestas en la ciudad de Masaya.

Anteriormente, la CIDH había otorgado medidas cautelares a trece estudiantes y al obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez.

Los testimonios coinciden en indicar la presencia de grupos parapoliciales, disparos por parte de francotiradores y un ambiente de hostigamiento hacia manifestantes y víctimas de represión.