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Un monitoreo de reportes periodísticos de  El Nuevo Diario y el cotejo de la lista de fallecidos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) pudo constatar la muerte de 117 personas hasta la noche del 5 de junio. Más de la mitad (54.7%) de los fallecidos en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril tenían menos de 30 años.

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El 20 de abril es el día con el registro más alto de muertes, pues se contaron 18, ese día hubo represión, disturbios, ataques y enfrentamientos en cinco municipios: Managua, Ciudad Sandino, León, Masaya y Estelí.  En esa fecha inició la toma de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y entre las marchas más significativas en diferentes ciudades del país, se señala la del sector de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde los estudiantes de estos centros y pobladores  fueron reprimidos por miembros de la Policía Nacional con gases lacrimógenos, balas de goma e incluso balas reales. 

El 22 de abril el presidente de la República, Daniel Ortega, decide revocar el decreto presidencial  del 16 de abril que reformaba al sistema de seguridad  social, las cuales fueron el detonante de las protestas. 

Sin embargo, la violencia contra los estudiantes pasó al primer plano en nuevas protestas. El 23 de abril el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) realizó una marcha multitudinaria, se denominó Caminata por la Paz y el Diálogo, el sector privado pidió con urgencia el establecimiento del diálogo con el Gobierno. 

Hasta la instalación del diálogo nacional murieron 62 personas en el contexto de las protestas. El mismo 16 de mayo, cuando se inauguró la mesa, registró el fallecimiento de 4 personas más. 

Después de la primera sesión del diálogo hasta el 23 de mayo, cuando la conferencia episcopal decidió suspender la mesa por falta de consenso, murieron 10 personas. 

Del 24 al  31 de mayo  fallecieron 28 personas, de estas, 17 por los ataques del 30 de mayo. En los primeros  cinco días de junio se registró, además, el fallecimiento de otras 17 personas.  

Juana Francisca Aguilar Cano, una oficial de policía, es la única mujer entre las 117 víctimas. Ella murió el 21 de abril.