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Estados Unidos condenó ayer “la muerte de protestantes” en Nicaragua y urgió al gobierno de Daniel Ortega a garantizar la seguridad de activistas defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Félix Maradiaga.

“La violencia de fuerzas del gobierno de Nicaragua debe frenar. Condenamos la muerte de más de 120 protestantes y hacemos llamado a respetar estado de derecho”, dijo en un tuit, el departamento de Estado de los Estados Unidos.

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También apuntó que le corresponde al gobierno de Nicaragua defender la dignidad y los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

Asimismo, Francisco Palmieri, Sub-secretario de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó su total apoyo a los promotores de derechos humanos, entre ellos Aníbal Toruño, director de Radio Darío (quemada en León) y Félix Maradiaga, quien es señalado por la Policía Nacional de organizar estructuras delincuenciales y de estar vinculado a la agrupación criminal identificada como “Viper”.

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“Inspirados por los promotores de Derechos Humanos y democracia que vinieron a EEUU por Asamblea OEA y CIDH. Apoyamos a defensores de derechos humanos en Nicaragua, incluyendo a Félix Maradiaga y Aníbal Toruño, de Radio Dario, y urgimos al gobierno de Ortega garantizar su seguridad”, escribió Palmieri en su cuenta de Twitter.

Ayer, el senador republicano Marco Rubio, prometió en una reunión con la Coalición Universitaria de Nicaragua y sociedad civil, en Washington, que Estados Unidos sancionará a los responsables de los asesinatos ocurridos durante las protestas en este país centroamericano.

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Además, Rubio sostuvo que continuarán impulsando la Nica Act, una ley que impide aprobar préstamos al Estado de Nicaragua mientras no existan condiciones de democracia.

Este jueves se cumplen 51 días en Nicaragua de una crisis sociopolítica que ha dejado aproximadamente a 130 muertos y más de un millar de heridos. Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se han convertido en una reclamación que pide su renuncia entre acusaciones de abuso de poder, ejecuciones extrajudiciales y corrupción.